Un juez federal volvió a ordenar la suspensión de las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo, debido al riesgo continuo de daños ambientales irreparables. El juez Primero de distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió una suspensión definitiva a las organizaciones ambientalistas del colectivo #SélvamedelTren en el amparo indirecto 821/2022.
Esta medida fue tomada ante la omisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Grupo México para proteger el medio ambiente.
El juez argumentó que era necesario favorecer la protección y conservación del medio ambiente, concediendo la suspensión definitiva de los actos reclamados para detener los trabajos de construcción en el Tramo 5 Sur, informó Reforma.
Los ambientalistas respaldaron sus argumentos con un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que confirmó varios impactos negativos, incluyendo el derrame de cemento en cavernas, oxidación de pilotes en mantos de agua, colapsos estructurales y la extracción no autorizada de agua y relleno de cavernas, todo contraviniendo lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental.
El tribunal también mencionó que la ejecutante de la obra ha realizado acciones prohibidas en el permiso ambiental, causando daños que podrían ser irreversibles. Debido a estos riesgos y al incumplimiento continuo de las normativas ambientales, el juez determinó que era imperativo conceder la medida precautoria solicitada.
En marzo, otro tribunal federal había ordenado detener las obras hasta que el Gobierno completara estudios detallados sobre posibles impactos ambientales en el subsuelo. Sin embargo, las obras han continuado, y el presidente López Obrador ha reafirmado su compromiso de completar el Tren Maya antes de septiembre, desacreditando a quienes critican el proyecto como “propaganda” en su contra.
José Urbina, espeleólogo del colectivo #SélvamedelTren, destacó que los activistas han seguido las vías legales, mientras acusan al gobierno de desacatar las decisiones judiciales y de impulsar un proyecto que consideran ilegal en la selva.
Afirmó que, a pesar de las suspensiones judiciales vigentes, el gobierno probablemente no cumplirá con esta nueva suspensión, subrayando la necesidad de respetar la ley y proteger el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano.
Con información de Reforma.
