El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no hay pruebas” de que cometió violencia política de género contra la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, como concluyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”, declaró el jefe del Estado en su conferencia matutina.
El mandatario federal rechazó la sentencia de la Sala Especializada del TEPJF, que concluyó que él cometió violencia política de género contra Gálvez por “expresiones vertidas” por el presidente en varias de sus conferencias de prensa matutinas de junio y julio de 2023.
El máximo órgano de justicia electoral añadió que se produjo una “violencia simbólica” a partir del “carácter de mujer e indígena” de Gálvez porque se “reforzó” el estereotipo de “inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos”.
En sus conferencias de esos meses, López Obrador señaló que Gálvez sería la “candidata de la oligarquía” y “de la mafia del poder” por imposición del empresario Claudio X. González, rival político del mandatario.
“Nunca he ofendido a la señora, nunca, no sé de dónde salió eso”, insistió ahora el jefe del Ejecutivo.
Pese al fallo, el presidente no puede recibir sanciones por infracciones electorales, según el TEPJF, por lo que “únicamente se le responsabiliza” de los hechos.
Aun así, López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “tergiversar” lo que él había comentado sobre Gálvez, quien perdió contra la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, en las elecciones del 2 de junio.
“Me consta que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron, una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso, hasta la sancionaron en el mismo Instituto Electoral”, manifestó.
Aunque Sheinbaum obtuvo un récord de casi 36 millones de votos, cerca del 60% del total, Gálvez y los partidos de oposición impugnaron los comicios por denunciar una “elección de Estado” en la que, según ellos, intervinieron el mandatario y el crimen organizado.
