La Corte Suprema de Brasil formó este martes una mayoría a favor de descriminalizar el porte, cultivo y consumo de mariguana para uso personal, para que esto sea considerado apenas como un acto ilícito sin naturaleza penal.
El magistrado José Antonio Dias Toffoli interpretó que la ley actual no criminaliza al usuario, con lo que 6 de los 11 miembros del tribunal ya se han pronunciado en esa línea, frente a los 3 que lo han hecho en línea opuesta y a falta de 2 que aún deben emitir su parecer.
“El usuario no debe ser criminalizado, debe ser tratado con políticas de salud pública y socioeducativas”, afirmó, en referencia a la norma antidrogas de 2006 que ya había despenalizado el consumo, por lo que desde entonces los condenados no iban a la cárcel y solo enfrentaban castigos menores como prestación de servicios comunitarios.
Además, Toffoli apuntó al “estigma” asociado a la criminalización, lo que puede alejar a los usuarios de pedir la ayuda que necesitan.
Frente a las críticas vertidas durante meses por legisladores de derecha, Toffoli aclaró que la descriminalización no equivale a legalización, una medida que debe ser decidida por el Congreso.
La mayoría de los magistrados que se han manifestado hasta ahora han estado de acuerdo en la necesidad de fijar una cantidad de mariguana para distinguir al usuario del traficante, porque la ley actual no lo establece.
La ausencia de un límite abre las puertas a las interpretaciones por parte de la policía, lo que según los magistrados puede acarrear casos de discriminación que afectan principalmente a los negros pobres.
Según datos citados durante el debate en el Supremo, 20 gramos de mariguana bastan para que un joven negro y analfabeto sea considerado traficante, mientras que en el caso de un hombre blanco con estudios la cantidad es de 58 gramos de media.
“Queremos evitar esa discriminación entre ricos y pobres, queremos una regla que sea la misma para todos”, apuntó el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, durante una sesión la semana pasada.
Los magistrados han planteado cantidades que van desde los 10 hasta los 25 gramos, aunque una minoría dentro del tribunal ha señalado que el Congreso debería ser quien la estableciese.
