Miles de personas volvieron este jueves a las calles en numerosas ciudades de Kenia para protestar contra el Gobierno, pese a que el presidente, William Ruto, retiró este miércoles el polémico proyecto de ley de subidas fiscales que desató las manifestaciones que sacuden al país desde el pasado día 18.
El epicentro de las movilizaciones fue la capital, Nairobi, donde los manifestantes invadieron el pasado martes el Parlamento en una jornada de protestas masivas que dejó al menos 23 muertos en esta nación del este de África, gran aliada de Occidente.
En el centro de la capital, donde tomaron posiciones agentes de la Policía y soldados del Ejército y los negocios están cerrados por precaución, cientos de manifestantes, la mayoría jóvenes y dispersos en varios puntos, marcharon para expresar su descontento.
Los agentes trataron de dispersar a la multitud disparando botes de gases lacrimógenos y pelotas de goma en arterias como las avenidas de Moi y Kenyatta, las más transitadas habitualmente, donde eran visibles los destrozos materiales de jornadas anteriores.
Al grito de “¡Ruto debe irse!”, algunos manifestantes arrojaron piedras y otros objetos, según pudo constatar la agencia informativa EFE.
La Policía detuvo a un número indeterminado de manifestantes, a algunos de los cuales arrastró por el suelo antes de introducirlos en vehículos de las fuerzas de seguridad.
No lejos del centro de la capital, la Policía bloqueó este jueves todas las carreteras que dan acceso a la State House, la sede de la Presidencia en Nairobi, en previsión de las nuevas protestas convocadas esta jornada.
Los manifestantes habían prometido la semana pasada hacer una marcha hasta la State House para expresar su descontento con el Gobierno de Ruto.
Pinchos de bloqueo y placas de advertencia se colocaron en hasta 5 carreteras y vías adyacentes, custodiadas por agentes antidisturbios, según pudo constatar EFE, de manera que los automovilistas fueron desviados para que utilizaran rutas alternativas.
Las protestas también persisten en otras ciudades del país, como Mombasa (segunda urbe más poblada de Kenia, en el océano Índico), Kisumu (oeste), Migori y Homa Bay (suroeste).
En esas localidades, la Policía intentó hacer retroceder a los manifestantes con gases lacrimógenos e incluso munición real, dejando al menos 7 heridos de bala en Homa Bay, según indicaron a medios locales fuentes médicas.
Cuatro de ellos permanecen en un estado crítico en el Hospital de Referencia del Condado de Homa Bay.
Además, los trabajadores sanitarios de Migori registraron al menos 4 heridos de bala este jueves, incluidos dos en un estado grave, según el director de los servicios médicos del condado de Migori, Dan Ochiel.
Ochiel también informó de las heridas leves que sufren 2 agentes de seguridad, después de que los manifestantes les lanzasen piedras.
Asimismo, localidades más pequeñas están viendo cómo decenas o centenares de personas se reúnen para protestar, como en Makindu (centro-sur), donde los manifestantes bloquearon la carretera que une Mombasa con Nairobi, imprescindible para el tránsito de todo tipo de bienes desde el puerto de Mombasa al resto del Kenia e incluso a otros países vecinos como Uganda y Sudán del Sur.
Las protestas tuvieron lugar pese a que Ruto informó este miércoles de que había rechazado firmar el polémico proyecto de ley que contempla subidas de impuestos y que desató el inicio de las movilizaciones el pasado día 18.
De esa manera, el proyecto de ley no podrá entrar en vigor después de que la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), donde tiene mayoría la coalición gubernamental, lo aprobara este martes con 195 votos a favor y 106 en contra.
El Gobierno ordenó este martes la movilización del Ejército para ayudar a la Policía a atajar la “emergencia de seguridad” causada por las protestas.
Con el controvertido proyecto legislativo, el Gobierno pretendía recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.
Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población en un país en el que los altos sueldos de los cargos públicos y la corrupción política son generalizados.
