El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a decretar por tercera vez un estado de excepción en parte del territorio del país, después de que las 2 anteriores declaratorias fueron revocadas por la Corte Constitucional, al considerar que la medida no estaba suficientemente argumentada.
Este nuevo estado de excepción por 60 días abarca 6 provincias (Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro) y el municipio de Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero en la sureña provincia andina de Azuay donde en abril fue asesinado el alcalde y esta semana fueron hallados 8 cuerpos con signos de tortura en una concesión minera.
En estos territorios la medida contempla la suspensión de los derechos de inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de correspondencia y la libertad de reunión, de acuerdo al decreto, que se extiende por más de 50 páginas para fundamentar esta declaratoria.
También implica la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para ejecutar operaciones contra las bandas del crimen organizado, a las que Noboa ha declarado la “guerra” desde inicios de año al elevar la lucha contra ellas a “conflicto armado interno”, con lo que ha pasado a catalogarlas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
La Presidencia de Ecuador destacó en un comunicado que en esta ocasión el decreto del estado de excepción “cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por su sigla en inglés)”, de cara al análisis de la legalidad de la medida que nuevamente deberá realizar la Corte Constitucional.
En esta ocasión, el decreto del estado de excepción establece que la Corte Constitucional podrá tener acceso a informes secretos de las autoridades del Gobierno en caso de que necesiten revisarlos para evaluar la pertinencia de la medida, sin que esto suponga la desclasificación y acceso público de los mismos.
