Las Fuerzas Armadas de Bolivia dispusieron la baja “sin goce de haberes” ni grado del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y de otros 4 exjefes investigados por el alzamiento militar del pasado 26 de junio que el Gobierno de Luis Arce considera que fue un “golpe de Estado fallido”.
La resolución fue emitida por el Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas, instancia que se encargó del “sumario investigativo” contra los 4 generales y un vicealmirante “que han participado” en los sucesos de junio, dijo a los medios el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
“Esta baja consiste en la separación definitiva del servicio activo sin goce de haberes, grado, honores y uniforme”, detalló Novillo.
Además de Zúñiga, también fueron dados de baja los exjefes militares Marcelo Zegarra, Juan Mario Ponce y Franz Ordónez, y el vicealmirante Juan Arnez, y todos han sido notificados con la resolución, explicó.
Los otros militares “de más baja graduación” incluidos en la investigación también son “procesados en sumarios” en sus respectivas fuerzas y entre este viernes y el sábado se prevé que emitan las resoluciones con las sanciones que correspondan, agregó el ministro.
Varios militares al mando de Zúñiga tomaron el 26 de junio la sede presidencial de La Paz por unas horas, incluso llegando a derribar con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno.
El presidente Arce relevó al jefe militar el mismo día, ante lo cual Zúñiga y las tropas se replegaron, el excomandante fue detenido y ahora está recluido preventivamente en una cárcel en el centro del país y es procesado junto a una veintena de personas por alzamiento armado y terrorismo.
Durante su aprehensión, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para “levantar su popularidad” ante los anunciados conflictos con transportistas y comerciantes por la falta de dólares y combustible y el encarecimiento de algunos alimentos.
La oposición y el expresidente Evo Morales (2006-2019), que está distanciado del Ejecutivo, coincidieron por separado en que fue un “autogolpe”, mientras que el Gobierno de Arce insiste en que fue un “golpe de Estado fallido”.
