El equipo legal de la oposición mayoritaria aseguró este viernes que “no existe” en Venezuela una vía judicial para la “certificación” y “autenticación de resultados electorales”, luego de que el Supremo declarara competente un recurso introducido por el mandatario Nicolás Maduro con el fin de “certificar” el dictamen del ente comicial sobre las presidenciales del 28 de julio.
“El señor Nicolás Maduro (va) al Tribunal (Supremo de Justicia, TSJ) a solicitar un procedimiento que (…) no existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal. Lo que inventó la Sala Electoral, con todo respeto, no existe, reto a cualquiera que busque en la ley a ver si existe algún procedimiento de certificación en sede judicial y autenticación de resultados electorales”, dijo el asesor jurídico del antichavismo mayoritario –Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Perkins Rocha.
Asimismo, el abogado aseguró que el mandatario, con su solicitud ante la Sala Electoral, controlada por chavistas, “está buscando” que otra instancia, “tan o igual de desprestigiada” que el Consejo Nacional Electoral (CNE), certifique los resultados anunciados de las elecciones.
“Nadie cree en el CNE, y el primero que no cree en el CNE es el propio Maduro que acude a una instancia (la Sala Electoral) para certificar actas”, manifestó el opositor.
Maduro hizo la solicitud ante el TSJ -cuya presidenta se declaró abiertamente militante del partido de Gobierno y entusiasta simpatizante del chavismo- tras 2 días de protestas contra su anunciada reelección, mientras la PUD asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios, y creó una página web con las actas electorales que -aseguran- demuestran su afirmación.
Cinco días después de las elecciones, el CNE ratificó en un segundo boletín, emitido hoy, la reelección de Maduro en los comicios con el 51.95% de los votos, frente al 43.18% de apoyos obtenidos por González Urrutia, con el 96.87% de las actas escrutadas, que hasta la fecha la institución no ha publicado.
Poco después de este anuncio, los excandidatos presidenciales -salvo González Urrutia- acudieron al Supremo, tras ser convocados como parte de la investigación solicitada por Maduro, para firmar un acta -que suscribieron solo 8 de los exaspirantes- para “consignar todos los documentos legales de relevancia jurídica que les sean requeridos” para la revisión que hará el Supremo del resultado electoral.
