Con el programa de retiro voluntario para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), el Gobierno local encabezado por Indira Vizcaíno, busca “comprar” al Poder Judicial, señaló el dirigente estatal del PRI, Enrique Rojas Orozco.
“Es una modificación de privilegio cuando la narrativa del Gobierno de Morena es la austeridad. Aquí queda muy claro que hay austeridad para unos, pero para otros definitivamente hay privilegios. No puedes modificar la ley para beneficiar a unos cuántos; eso es incorrecto”, expresó en una entrevista.
Indicó que, si 5 magistrados optaran por el retiro voluntario, eso costaría al erario público un promedio de 6 millones de pesos anuales, que se pagarían con dinero de las y los colimenses. “Por dar un ejemplo: 6 millones de pesos equivalen a 180 quimioterapias para mujeres con cáncer de mama, o aproximadamente 2,600 diálisis. De esa dimensión estamos hablando cuando se trata de lo que está haciendo el Gobierno de Morena y sus aliados. Esperemos que los magistrados no acepten esta tentadora invitación al retiro voluntario”, refirió.
El dirigente priista confió en la dignidad de las y los magistrados del Poder Judicial del estado de Colima, señalando que no hay medicamentos en hospitales y clínicas del sector público de salud, y que falta equipamiento en las corporaciones policiacas. “Los problemas que más le duelen a la población no se atienden porque no hay recursos, pero sí habrá 6 millones de pesos extras para una modificación a la ley de privilegios, una excepción para unos cuántos”.
Recriminó que, en lugar de que la gobernadora, quien es Maestra en Derechos Humanos, se preocupe por proteger a quienes menos tienen, garantizándoles la salud como es su obligación, hoy esté privilegiando a unas cuantas personas.
En cuanto al hecho de que el diputado Miguel Ángel Galindo haya votado a favor de dicha iniciativa durante la correspondiente sesión, Enrique Rojas Orozco lo calificó como una “traición” a las y los ciudadanos colimenses, más que a su partido.
Por lo anterior, y al ser una conducta reiterada desde hace algunos meses, dijo que se solicitará su remoción como Secretario General de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Colima, y también se está analizando su expulsión del PRI. “No podemos tener un dirigente que traiciona al pueblo”, concluyó.
