La justicia y el fin de la violencia encabezan las reclamaciones en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas en México, donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido atender sus necesidades, pero el crimen organizado y obras de infraestructura desplazan a miles de ellos.
Desde Chiapas hasta Sonora, habitantes indígenas exigen una solución a la inseguridad causada por grupos delictivos y que se cumplan las mejoras que ha prometido López Obrador, quien entregará el cargo el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum.
El mandatario implementó en su Administración los “Planes de Justicia” para pueblos indígenas, que comenzaron con las etnias de Sonora, donde la tribu Yoreme-Mayo solicita aún al Gobierno de México acciones de seguridad y combate a las adicciones entre la juventud.
Raúl Retana Buitimea, danzante tradicional de esta etnia, lamentó que en sus pueblos, en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa existe un “grave problema” de drogas químicas como las metanfetaminas y el fentanilo, así como un despojo de tierras de empresas y grupos criminales.
“Necesitamos que se concrete la restauración del territorio Mayo, hay mucho acaparamiento de las tierras, hay acaparamiento del agua también. Hay muchas enfermedades por los productos de los agroquímicos que van al subsuelo, la gente toma agua de los pozos, generando cáncer y otras enfermedades fuertes”, dijo a EFE.
Entre la diversidad y la falta de reconocimiento
México es uno de los países de América con mayor población indígena, con más de 23 millones de personas que se identifican como tal de un total de 68 pueblos diferentes, casi la quinta parte del total de 126 millones de habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para atender sus demandas históricas, el Gobierno de López Obrador comenzó con el “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui” de Sonora como un modelo a seguir con el resto de los etnias, con lo que avanzó en la restitución territorial.
Pero aún quedan pendientes para Sheinbaum, como el acceso a la salud, expuso a EFE Georgina Borboa García, habitante de Pótam en el río Yaqui de Sonora.
“En salud hay veces que no tenemos medicinas, hay veces que no hay médicos por las noches para atender emergencias, las ambulancias no tienen gasolina y nos cobran 600 pesos por un traslado al hospital en Ciudad Obregón, hasta 800 pesos si es a un hospital privado”, denunció.
Otras comunidades, en particular en el sureste, han cuestionado al Gobierno por sus megaobras de infraestructura, como el Tren Maya, además de denunciar que no ha hecho lo suficiente para combatir al crimen organizado que los ha desplazado, sobre todo en los estados de Chiapas y Guerrero.
La autodeterminación, el gran pendiente
Actualmente el Gobierno de México ha comenzado con 17 “Planes de Justicia”, pero Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), reconoció en una reciente entrevista con EFE que un reto para la próxima presidenta será llevar estos proyectos a las 68 etnias del país.
El profesor e investigador Alejandro Aguilar Zeleny, quien lleva más de 30 años trabajando con los pueblos originarios del noroeste de México, explicó a EFE que los “Planes de Justicia” se han enfocado en obras, pero falta atender la autodeterminación de los pueblos.
“Se han dedicado mayores esfuerzos a equipamientos, infraestructura, planes de vivienda y carreteras, que son importantes y necesarios, pero no representan la justicia que los pueblos están esperando, como el reconocimiento a su forma de gobierno, territorio y la protección de los recursos naturales”, dijo.
