La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió formalmente la declaratoria de la suspensión de actividades jurisdiccionales que dará inicio la media noche de este martes (20) por tiempo indefinido.
Según publica Reforma en su edición digital, en un documento de 18 puntos, la juez federal y la directora de la asociación civil “Juana Fuentes Velázquez” puntualiza que la suspensión de labores estará vigente hasta que el Congreso de la Unión detenga el proceso de la reforma judicial y convoque a una mesa de diálogo con los impartidores de justicia.
“Durante la vigencia de la Declaratoria, el personal adscrito directamente a tribunales y juzgados dejará de dar trámite a todos los asuntos de carácter jurisdiccional que haya en existencia en sus respectivos órganos, no realizarán ni ordenarán audiencias, diligencias ni actos procesales con partes, terceros ni autoridades, y no proveerán respecto de demanda, promoción, oficio ni escrito alguno”, dice.
Sin embargo, precisa que la finalidad de este paro no es trastocar los servicios de impartición de justicia y por ello habrá personal de guardia en todos los tribunales y juzgados para dar trámite a casos urgentes y de inmediata atención, privilegiando el trabajo a distancia.
Para ello, incluyó un catálogo de los casos “urgentes” que deberán ser atendidos por todos los órganos jurisdiccionales de las distintas materias, destacando los asuntos penales, en los que los jueces deberán resolver todos los casos que afecten la libertad personal.
“Se hace saber a la opinión pública que bajo ningún concepto podría configurarse delito, causal de juicio político ni causa de responsabilidad administrativa, pues su finalidad no es trastocar el servicio público de administración de justicia, sino defender un componente esencial del Estado de derecho y del estatuto de las personas juzgadores del Poder Judicial de la Federación: la independencia judicial”, dice el texto.
“Dada la validez jurídica de esta Declaratoria, esperamos que las autoridades competentes y, en especial el Consejo de la Judicatura Federal, respeten puntualmente los derechos (desde luego, los laborales y de seguridad social) de las servidoras y los servidores públicos que trabajan en los órganos jurisdiccionales”.
Agrega que la suspensión de labores se fundamenta legalmente en el derecho y deber de defender la independencia judicial y los intereses gremiales.
Estas garantías son parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura; los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial; la Convención Americana de Derechos Humanos; el Código Iberoamericano de Ética Judicial; la Constitución y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
La JUFED precisa que la Declaratoria tiene como causa la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad civil y de los integrantes de la judicatura sobre la iniciativa de reforma judicial presentada el 5 de febrero por el Ejecutivo Federal.
El punto 9 del documento, precisó Reforma, exige al Congreso de la Unión “detener el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, y reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”; y el 15 demanda instalar en forma inmediata una mesa de diálogo con los legisladores, “con facultades amplias para celebrar los acuerdos lícitos que sean necesarios y para ejecutarlos o proveer su ejecución”.
Para ello, en el apartado 17, la declaratoria considera la creación de un Comité para tomar decisiones ejecutivas y vinculantes en la mesa de diálogo, el cual estará conformado por la directora nacional de la JUFED y 6 integrantes del sistema de carrera judicial de reconocida trayectoria.
Con información de Reforma
