Con el voto en contra de la oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma que traslada a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El dictamen, publica Reforma en su edición digital, que fue avalado con 22 votos a favor y 17 en contra, modifica 12 artículos constitucionales para establecer que el personal de la corporación creada por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador será de origen militar, pero con formación policial.
Además, le otorga a la GN la facultad de investigar delitos, bajo la conducción del Ministerio Público y señala que dicha institución deberá ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual será formulada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante la discusión, los legisladores discutieron 22 reservas, pero avalaron sólo una, presentada por el exemecista y actual diputado de Morena, Salvador Caro, la cual agrega que para cumplir los fines de la seguridad pública las tareas de coordinación deberán incluir “los 3 órdenes de Gobierno”.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, recordó que en 2022, su bancada votó junto con Morena y sus aliados, una reforma que extendió hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles, para darle al Ejecutivo federal lo que estaba pidiendo para lograr la paz en el país.
Recordó que la promesa fue crear una Guardia Nacional de carácter civil; sin embargo, “por detrás de la ley” se fue construyendo una fuerza policial militar, tan es así que en el Colegio Militar existe la carrera de seguridad pública, 140 mil efectivos del Ejército están en la corporación policial y la Suprema Corte les enmendó la plana respecto a que ésta tenía que ser civil.
“Lo que están tratando ustedes de hacer es muy sencillo: poner en manos del Ejército la seguridad del país, hay que decirlo. Todo lo que se dijo muchos años por ustedes, que representan esa izquierda, hoy lo quieren echar para atrás.
“¿Quién será el jefe de la Guardia Nacional? El secretario de la Defensa. ¿Quién va a nombrar al jefe de la Guarida Nacional? El secretario de la Defensa. ¿Quién va a dirigir la Guarida Nacional? Un militar”, dijo.
Moreira advirtió que la reforma debilita al Ejército, porque 140 mil de sus efectivos están en la GN, además de que deja sin posibilidad de operación a Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Pública, sobre quien reconoció que sí sabe del tema a su cargo.
“El señor va a fracasar, porque no va a tener gente bajo su mando”, indicó.
La priista saludó que la próxima presidenta se reuniera en días pasados con gobernadores de todos los partidos y que Harfuch reconociera la importancia de la participación de los estados en el tema.
No obstante, advirtió a la mayoría que con estas modificaciones están “condenando a Claudia Sheinbaum a no lograr la paz” en el país.
La panista Paulina Rubio calificó a la mayoría como hipócritas, porque a pesar de que fueron ellos quienes criticaron en su momento la “estrategia temporal” de sacar al Ejército a las calles, ahora pretenden establecerla como de manera permanente.
“Es inaudito que quienes ayer mostraban estos carteles, indignados, hoy vengan aquí a levantar la mano para encomendarle a los soldados la perpetuidad de la seguridad pública. Hipócritas más bien resultaron ustedes, que hoy, con la cara lavada, vienen a entregar al país a las Fuerzas Armadas y la única razón que se me ocurre es que les haya caído el veinte de que su estrategia ha sido mala”, dijo, mientras mostraba imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, del líder de Morena, Mario Delgado y de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, criticando la presencia del Ejército en las calles.
Rubio, precisó Reforma, sostuvo que la reforma aumenta el empoderamiento político y económico del Ejército, ya que todos los recursos financieros y humanos con los que cuenta la GN estarían bajo el control de dicha institución.
Explicó que en los casos que involucran militares prevalece la impunidad, las violaciones a los derechos humanos y la opacidad, porque las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial en el que pueden omitir la rendición de cuentas bajo el argumento de la seguridad nacional, por lo que criticó que pretendan extender estas “prebendas”.
Calificó como increíble que los morenistas Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, y Manuel Vázquez Arrellano, sobreviviente de Ayotzinapa, avalen la reforma, a pesar de que las mujeres indígenas son las más expuestas a violaciones del Ejército y es contraria a los objetivos por los que han luchado.
En respuesta, Irma Juan Carlos dijo que casos como los de la agresión sexual de la indígena Valentina Rosendo, sobre la cual existe una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ocurrieron en los años de los “Gobiernos neoliberales”; mientras que Vázquez Arrellano afirmó que los militares que participaron en el caso Ayotzinapa ya están siendo juzgados.
En su turno, el morenista Ismael Brito pidió a la oposición un voto de confianza.
“La presidenta será la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, vamos a darle todas las facultades legales y constitucionales para que en México respiremos todos la tranquilidad que anhelamos”, pidió.
Con información de Reforma
