La industria de la seguridad privada en México asciende al 1.8% del producto interno bruto (PIB), en medio de retos que le exigen un cambio de paradigma para afrontar nuevos fenómenos violentos, económicos y tecnológicos, señalaron en un foro especialistas en la materia.
En la economía mexicana, la seguridad privada participa con más de 900 mil empleos directos, entre más de 5,400 empresas registradas en todo el país.
En un foro organizado por Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), órgano promotor de la Cámara nacional de la industria de la seguridad privada, expositores, especialistas, legisladores y miembros del sector privado, coincidieron en la necesidad de cambiar el modelo de atención a la seguridad pública en el país.
Todo ello, en medio de la inseguridad en ciudades y carreteras, la polarización social, nuevos canales como la ciberdelincuencia y la utilización de herramientas tecnológicas innovadoras, como principales retos en la industria por parte de privados y el propio Gobierno mexicano.
También se abordó la necesidad de resolver en el corto plazo, con profesionalización y capacitación, la inseguridad en el país para poder impulsar la llegada de un mayor volumen de inversiones y aprovechar el fenómeno de la relocalización de las cadenas de proveeduría o nearshoring.
La diputada Juanita Guerra, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que un primer paso en la construcción de un nuevo modelo de seguridad pública fue integrar el concepto “seguridad privada” en la Constitución mexicana, que establece la regulación sobre cómo deben de coordinarse los servicios de seguridad privada con los Gobiernos federal, estatales y municipales.
Sin embargo, Armando Zúñiga, presidente de Asume, señaló que este cambio de paradigma también demanda la aprobación de 4 leyes más: la General de Seguridad Privada, la de Ciberseguridad, contra la Extorsión y la del Registro Público de Vehículos.
El dirigente empresarial dijo que la seguridad privada tiene mayor relevancia en el país ante un momento de llegada de inversiones, presencia de violencia en todo el país, la necesidad de proteger activos y mercancías, lo que sostuvo, “hace imprescindible que la seguridad privada esté presente en todos los negocios, empresas e industrias del país”.
“Es importante que nuestras empresas se profesionalicen desde las universidades en su management y gestión”, abundó.
En su intervención, Jorge Peñúñuri Pantoja, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), recordó que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana señala que el 62.3% de la población de 18 años o más consideró inseguro vivir en su ciudad.
A finales de mayo pasado, según un reporte del Índice de la Paz en México reveló que el costo de la violencia para su economía ascendió a los 4.6 billones de pesos (268 mil millones de dólares), lo que representa un 18.3% del producto interno bruto (PIB) mexicano.
