La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México afirmó que el nuevo Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, “hereda la deuda” del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador con familiares y la sociedad sobre el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace una década.
“Una década después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el nuevo Gobierno de México hereda la deuda con las familias de las víctimas y con la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos”, apuntó el organismo en un comunicado.
Asimismo, señaló que el Gobierno de López Obrador (2018-2024) finaliza de “forma decepcionante” para las familias de los jóvenes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 y a quienes el mandatario había prometido justicia y respuestas sobre su paradero.
“Después de su última reunión con el presidente a finales de agosto, las familias anunciaron que ya no había fundamento para continuar con el diálogo. Denunciaron que no existe una verdadera disposición a cooperar, en especial en lo que respecta a investigar la implicación de los militares en los crímenes”, lamentó la ONG.
Citaron a María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las víctimas y quien aseguró que, pese a la promesa de López Obrador de esclarecer el caso, al final de la gestión “pesaron más los tiempos políticos, la protección al Ejército y la incapacidad de la Fiscalía General de la República. Es una gran decepción”, dijo.
No obstante, aseguraron que pese a la ruptura con López Obrador, las familias quieren continuar con el diálogo con Sheinbaum, quien tomará posesión el próximo 1 de octubre.
“Diez años después del crimen, ya es hora de que el nuevo Gobierno dé prioridad a la búsqueda de los 43”, enfatizaron.
Recriminaron que desde 2022 y pese a que el entonces presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, calificó los hechos como “crimen de Estado”, las investigaciones se han estancado.
Recordaron que, incluso, en septiembre de ese año el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, se vio obligado a renunciar después de que la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara las órdenes de detención contra varios militares.
Además, criticó la “hostilidad” con la que el Gobierno de México ha respondido a las demandas y señalaron que, en agosto pasado, López Obrador acusó a las familias y organizaciones de derechos humanos de conspirar contra las Fuerzas Armadas.
Françoise Greve, coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México resaltó que el nuevo Gobierno “tiene una deuda de verdad y justicia no sólo con las familias de los 43 de Ayotzinapa, sino con todos los y las familiares de las más de 115 mil personas desaparecidas en México. Todas ellas tienen derecho a ser buscadas y localizadas”.
