El presidente, Andrés Manuel López Obrador, justificó en una carta a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la falta de mayores avances para resolver el caso, que este jueves cumple 10 años.
El mandatario, quien leyó la misiva en su conferencia matutina, apuntó que uno de los miembros del Cártel Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar como testigo protegido a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, posible integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aunque con su colaboración se identificaron los restos de 2 de los desaparecidos, “no ha sido posible avanzar más porque el personaje, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos”.
López Obrador envió este texto a los padres, quienes han acusado al presidente de encubrir al Ejército y no cumplir con su promesa de resolver la desaparición, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en Guerrero.
El mandatario federal sostuvo que “por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los ‘defensores’ de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército”.
Asimismo, contradijo a la Comisión de la Verdad creada por su propio Gobierno, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo Fuerzas Armadas.
“Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada”, escribió.
Además, recordó que en su gestión han procesado a 151 personas por el crimen, incluyendo un elemento de la Marina y 16 militares, de los que 2 son generales.
Pero expuso que “por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos e, inclusive, con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa”, el Poder Judicial liberó a 65 personas “bajo el alegato” que habían sufrido tortura.
Criticó la intromisión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Y señaló que, “desde el principio de estos lamentables hechos se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes”, de lo que responsabilizó al Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La carta se publica mientras crecen las protestas de activistas y familiares, que se extenderán hasta las vísperas de la investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre.
