El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hace una década “no es un expediente cerrado”, y aseveró que con el próximo Gobierno, de Claudia Sheinbaum, seguirá la investigación.
“Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
El mandatario federal comentó sobre la carta que envió a los familiares de los estudiantes desaparecidos y quienes en diversas ocasiones le han recriminado la falta de mayores avances para resolver el caso, que este jueves cumple 10 años.
López Obrador envió este texto a los padres, quienes han acusado al presidente de encubrir al Ejército y no cumplir con su promesa de resolver la desaparición, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en Guerrero.
En la misiva, el mandatario recordó que hizo el compromiso con padres y madres de buscar a los jóvenes hasta encontrarlos y en ello trabajaron todo el tiempo.
Exaltó los avances que se lograron durante su sexenio para esclarecer los hechos y presentó un informe con anexos que resumen lo alcanzado en la investigación.
López Obrador señaló que en su sexenio confió en Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien encabezó los esfuerzos por establecer contactos con los familiares y abogados de los desaparecidos, así como con organizaciones de derechos humanos.
No obstante, remarcó que la investigación no ha avanzado más por la falta de cooperación de algunos implicados, y lamentó los errores cometidos desde el principio del caso, que han complicado la resolución de los hechos.
Además, recordó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) intentó cerrar el caso con la “verdad histórica”, según la cual, los jóvenes murieron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, una versión que fue desmentida por peritos.
En su conferencia matutina, también criticó la intervención de organizaciones de derechos humanos, como el Centro Prodh, por haber contribuido a la aprobación de una sentencia judicial basada en torturas, lo que, según él, no es del todo cierto.
Defendió además el papel de Ejército en la investigación, pues dijo que las acusaciones contra las Fuerzas Armadas se dieron a partir de un libro publicado en 2016 por la periodista Anabel Hernández en el que diversas fuentes apuntaban a militares como parte de los responsables de la desaparición de los estudiantes.
“Después de este terrible acontecimiento, todo recaía en culpar a las autoridades locales, al presidente municipal de Iguala. Las protestas todas eran en ese sentido, incluso, cuando la OEA (Organización de Estados Americanos) interviene, desde el inicio habla de que los responsables de desaparición de los jóvenes habían sido autoridades municipales, autoridades locales, no se hablaba del Ejército ni del Gobierno federal”, insistió.
La carta se publica mientras crecen las protestas de activistas y familiares, que se extenderán hasta las vísperas de la investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el próximo martes.
