Al cumplirse un mes de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, la violencia desatada en ese estado durante este periodo ha dejado 192 asesinatos y 224 desapariciones forzadas, expuso el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).
Además, 200 familias han sufrido desplazamiento forzado en el sur del estado, unos 1,500 negocios trabajan con horarios recortados, 180 negocios han cerrado y unos 2 mil empleos formales se perdieron en septiembre, dijo la organización ciudadana que da seguimiento a la incidencia delictiva de Sinaloa.
“Lejos de avizorar una cercana conclusión a este conflicto, conforme pasan los días se observa que la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, las actividades productivas, la economía y la salud socioemocional se descomponen cada vez más día a día”, expresó en conferencia de prensa Miguel Ángel Calderón Quevedo, coordinador del CESP.
“La gente vive con miedo, las escuelas están sin alumnos, los jóvenes son desaparecidos, las calles se quedan solas por las noches. Tenemos en puerta una emergencia social por el daño causado a los trabajadores, a la juventud, a pequeños y medianos empresarios, a comerciantes, a docentes y a familias, principalmente, las más vulnerables”, añadió.
“En resumen: peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades”, apuntó el coordinador del CESP en Ciudad de México.
Explicó que la violencia no es solo en Culiacán. “Los impactos de este conflicto son sufridos desde Elota y Eldorado, pasando por Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Concordia, hasta Escuinapa, principalmente en comunidades rurales del sur de Sinaloa”.
Según la versión del Gobierno federal, la disputa del narcotráfico, que registra en promedio 6 víctimas al día, se desató el 9 de septiembre luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, entregó a Ismael El Mayo Zambada en EUA el 25 de julio pasado en un avión.
Ante este escenario, el CESP hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum; al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al Congreso y a los alcaldes de los municipios afectados, para que implementen “medidas sociales que eviten la emergencia social”.
Y que convoquen “a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera”.
