La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó que haya más de 13 mil casos judiciales aún sin atender a causa del paro de los trabajadores de la justicia, que protestan contra la entrada en vigor de la reforma constitucional que instaurará la elección popular de jueces.
“Es algo relevante, son más de 13 mil casos que están parados”, protestó la presidenta durante su conferencia matutina, al responder al anuncio de que jueces y magistrados ofrecerán una intervención mediática diaria, coincidente con la mañanera de la mandataria, para comentar su posición respecto a la polémica reforma judicial ya aprobada.
Sheinbaum cuestionó el hecho de que los trabajadores judiciales siguieran cobrando sus retribuciones a pesar de llevar en huelga desde finales de agosto de este año, poco antes de que se aprobara finalmente la modificación constitucional.
“Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando su salario (…) si están en paro ¿Por qué siguen percibiendo salarios?”, insistió la presidenta.
Además, Sheinbaum puso en duda el hecho de que sí se hayan aceptado recursos judiciales contra la reforma cuando supuestamente estos mismos trabajadores no atienden miles de casos por estar en huelga.
“¿Por qué algunos casos si los tratan y otros no (…) Cuando un trabajador o trabajadora se va a huelga, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo no recibe sus percepciones, entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y los mexicanos”, afirmó.
La presidenta, no obstante, aceptó el derecho de los jueces y magistrados a realizar sus anunciadas conferencias en el marco de la libertad de expresión.
“Los jueces magistrados ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México”, expresó Sheinbaum, quien, sin embargo, dijo no entender las protestas del resto de trabajadores judiciales cuyos puestos y salarios van a ser respetados con la reforma.
La reforma judicial, un anhelo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fue finalmente aprobada el pasado mes de septiembre tras ser ratificada tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado y será en junio de 2025 cuando se proceda a la primera elección popular de jueces y magistrados en México.
