La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) expresó su preocupación por el primer presupuesto público que propondrá la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quien prometió reducir el déficit fiscal de casi 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 3.5%.
“Significa una reducción en la inversión pública y esto nos puede afectar en infraestructura estratégica”, advirtió Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin, al inaugurar la Reunión Anual de Industriales, que se celebró ahora en Nuevo León.
Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre, recibió las finanzas públicas con un déficit presupuestario de casi el 6% del PIB, el nivel más alto en cerca de 3 décadas, por el último proyecto económico del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Tras prometer en campaña reducir el déficit a un rango de entre 3% y 3.5%, la mandataria avisó el 10 de octubre que priorizará la obra pública y los programas sociales sin una reforma fiscal, por lo que se mostró más flexible en su meta.
El líder de la Concamin expresó ahora que el Gobierno debería elevar la inversión pública de infraestructura al 5% del PIB.
También mostró su apertura al diálogo con el Gobierno de Sheinbaum, de quien destacó que “hizo historia” como la primera mujer Presidenta de México por “la voluntad mayoritaria de las y los mexicanos”.
“Valoramos y compartimos la visión humanitaria de la nueva presidenta, la doctora Sheinbaum, que al avanzar juntos y hacia la prosperidad compartida todos queremos un desarrollo económico, socialmente incluyente, con protección del medio ambiente”, sostuvo.
El encuentro de 2 días de los industriales comenzó este lunes en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) de Monterrey, donde Malagón Barragán también destacó que Sheinbaum tiene la oportunidad de implementar “una verdadera política de causa”.
“En Concamin respaldamos todo aquello que signifique mejores condiciones para la vida de las poblaciones, estamos convencidos de que cuando la industria genera México próspera”, subrayó.
En ese sentido expuso que los industriales de México están listos para hacer equipo con el nuevo Gobierno “para trabajar juntos en un verdadero diálogo y en verdadero fin para un mejor México”.
Para ello, planteó como prioridades fortalecer el Estado de derecho, mejorar la seguridad y combatir la impunidad para dar certeza jurídica; impulsar una política industrial; incrementar la inversión pública al 5% del PIB, asegurar la participación del sector privado en la energía y reactivar la Banca de Desarrollo.
También propuso conformar “un verdadero frente” en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que comienza en 2025.
Y sugirió impulsar un plan sobre el cuidado del agua; promover la productividad y el empleo formal; implementar una política de recaudación fiscal para combatir las prácticas ilegales, y educar e innovar para competir y prosperar.
