Luego de señalar que el Ayuntamiento de Manzanillo ya presentó un recurso de controversia constitucional en contra de la nueva Ley de Asentamientos Humanos, la alcaldesa Griselda Martínez manifestó que procederá legalmente también contra los diputados locales, pues además de afectar a los municipios, también perjudica a la gente que quiere abrir un negocio.
“No nada más nos están generando a los municipios un problema, porque están invadiendo nuestras facultades y competencia constitucionales, sino que están evitando se abran nuevos negocios, están atentando contra la creación de nuevos empleos y de que se genere economía en los municipios”, expresó.
La presidenta municipal de Manzanillo refirió que, en el tema de las licencias comerciales, la nueva Ley de Asentamientos Humanos establece que quien quiera una licencia de este tipo tiene que presentar una copia de la escritura pública del inmueble en donde estará la tienda o el negocio, cuando la mayoría de las personas con actividad comercial renta un local y el dueño no le va a prestar sus escrituras, y en el caso de las comunidades rurales mucha gente no cuenta con una escritura pública.
Con esa ley, reiteró, se está frenando la economía de los municipios y por ello también se procederá legalmente contra los diputados, porque no corrigen.
“Nosotros vamos a proceder también legalmente contra los diputados locales, porque no corrigen, para qué quieren control sobre los municipios, no entienden que el país ya cambió, no entienden que debe haber democracia, para qué quieren control si no controlan ni lo que tienen, claro que esto fue una instrucción del Gobierno del estado”, indicó.
La alcaldesa porteña insistió en que la nueva Ley de Asentamientos Humanos fue una “ocurrencia” del Gobierno del estado, al querer invadir las competencias de los municipios para tener control sobre ellos, “y para qué, si no controlan ni lo que dentro de sus facultades y responsabilidades tienen”.
Señaló que “ya se está analizando qué delitos les pueden encuadrar, pues en este momento ya hay una afectación a los ingresos del municipio, esa es una; y las personas que quieren poner un negocio ya se debieron haber amparado contra esa ley, el problema es que la gente no sabe cómo”.
César Barrera