Organizaciones civiles, activistas y autoridades en Tijuana, frontera de México con Estados Unidos, exigen cambios migratorios a la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien este fin de semana visitará la región por primera vez desde que asumió el cargo.
Las exigencias de un mayor respeto a derechos humanos surgen tras incidentes en diversos estados, como el asesinato de 6 migrantes en un operativo militar en la frontera sur, y las recientes denuncias en Tijuana de presuntas agresiones y amenazas de muerte del Instituto Nacional de Migración (INM).
Judith Cabrera de la Rocha, codirectora de Border Line Crisis Center, declaró a medios que en México están “viendo un aumento paulatino, pero sostenido, de la militarización de la migración y de la criminalización tanto de personas migrantes como defensoras, lo cual se ha materializado también de forma preocupante en Tijuana”.
Como ejemplo recordó el caso del 13 de octubre de 2023, cuando elementos del INM y la Guardia Nacional intentaron ingresar a la fuerza a su albergue, a un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, “un hecho vergonzoso que ya había prendido las alarmas”.
“Y un año después (2 de octubre de 2024) suceden las amenazas de muerte por parte de una agente, también de Migración, en contra de la defensora Paola Morales, quien se ha dedicado a la defensa de los migrantes en Baja California desde hace varios años”, expresó.
La activista reiteró que exigen “en voz alta y para todos los oídos” frenar la militarización de las políticas migratorias
“Sabemos que hay una orden a nivel nacional de detener la migración a como dé lugar, y lo hacen pasándose por el arco (ignorando) todo tipo de leyes y acuerdos, esto en complicidad con el Gobierno estadounidense”, advirtió.
Una crisis con nuevas aristas
La visita de Sheinbaum ocurre después de que la detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México cayó un 66% de diciembre a septiembre, según el Gobierno, pero la migración irregular a través de México se elevó un 193% interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712 mil personas.
La Red Jesuita con Migrantes-México pidió a la presidenta, quien asumió el 1 de octubre, una nueva política migratoria “con apego a los derechos humanos y alejarse del enfoque de seguridad militarizado que privilegia el control y la contención, en detrimento de la protección y el acceso a derechos”.
En un posicionamiento compartido a EFE, solicitaron que los perfiles para los delegados del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), cuenten con “la trayectoria, conocimientos y capacidades necesarias para implementar una política migratoria basada en el pleno respeto a los derechos”.
“Que de ninguna manera se impongan perfiles militares, incluyendo a personas con formación militar, en retiro o con licencia de las Fuerzas Armadas”, demandaron.
Políticas de refugio obsoletas
Por otro lado, el director municipal de Atención al Migrante en Tijuana, José Luis Pérez Canchola, dijo a EFE que deben considerarse otras políticas más humanistas que faciliten el refugio en el país.
“El problema que también vemos con todo ello es que tenemos leyes muy obsoletas, y en el trato al refugio es aún más visible, y yo creo que en conjunto con los diputados las autoridades deben preocuparse por una reforma a nuestras leyes de migración y de refugio, para convertirlas en leyes humanitarias”, apuntó.
