La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a través de una respuesta a una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, informó que a octubre de este año se tiene un registro de víctimas de tortura de 15 personas.
Esa cantidad contrasta con el registro del año pasado, cuando y de acuerdo a esa información oficial, solamente 2 personas se registraron como víctimas de tortura.
Asimismo, en el año 2022, el primer año del Gobierno de Indira Vizcaíno Silva, se tuvo un registro de 26 personas víctimas de tortura, mientras que, en el año 2021, sólo 4 personas fueron registradas como víctimas de tortura.
Cabe recordar que nuestra Constitución, en su Artículo 22, prohíbe expresamente la imposición de penas inusitadas o trascendentales, incluyendo la tortura, señalando que las penas deben ser proporcionales al delito y respetar los derechos humanos.
Además, el Artículo 20, apartado B, fracción II, garantiza los derechos de la persona imputada en el proceso penal, incluyendo el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre ellos la tortura.