Representantes de la Iglesia católica, parte de la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz (DNP), se reunieron con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, a quien le manifestaron su preocupación por la creciente violencia que se registra en México.
En un comunicado, el DNP indicó que, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se llevó a cabo una “reunión estratégica entre representantes del Gobierno Federal y esta iniciativa”.
“Este encuentro tuvo como objetivo fortalecer las vías de colaboración para la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia del país”, apuntó la nota.
La iniciativa busca responder a la crisis de violencia que ha alejado al país en las últimas décadas.
Durante la reunión, los representantes del DNP presentaron la trayectoria y misión de esta iniciativa de paz, así como sus preocupaciones respecto a los riesgos que enfrentan adolescentes y jóvenes en diversos territorios.
Además, en el encuentro se entregó una propuesta para atender los municipios con mayores índices de violencia, que incluye la atención a víctimas, rehacer la institucionalidad local y sentar las bases para el fortalecimiento de las comunidades, la cual fue recibida para su revisión y seguimiento.
También se acordó establecer un canal de diálogo permanente entre el DNP y la Secretaría de Gobernación con el objetivo de atender de manera oportuna situaciones urgentes e identificar y construir conjuntamente buenas prácticas en seguridad, justicia y reconstrucción del tejido social en todo el país.
Con la titular de Gobernación asistieron Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado mexicano; Eduardo Aguilar, secretario ejecutivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), y Jorge Atilano González Candia, director del Diálogo Nacional por la Paz.
El pasado 1 de octubre, día en que Claudia Sheinbaum asumió como presidenta de México, la Iglesia católica mexicana le recordó en una carta 7 propuestas surgidas de los Diálogos por la Paz.
La carta insta a la mandataria a fortalecer las instituciones de seguridad, desarrollar políticas de cuidado con enfoque de derechos humanos, renovar el sistema de justicia, reformar el sistema penitenciario y atender la crisis de derechos humanos en México, entre otros puntos.
