Este jueves 14 de noviembre, el Congreso del Estado elegirá a 2 nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), quienes cubrirán las vacantes actuales en el Poder Judicial. La designación de los nuevos magistrados ocurrirá durante la sesión ordinaria de la Sexagésima Primera Legislatura, luego de que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva remitiera, el pasado 11 de noviembre, las propuestas de 2 profesionistas para integrarse al pleno del Poder Judicial.
La titular del Poder Ejecutivo propuso a los ciudadanos Roberto Rubio Torres y Ruth Bravo Ortiz para ocupar los cargos de magistrado y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.
Durante la sesión ordinaria, programada para las 11 de la mañana, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes presentará el dictamen que contiene las propuestas de la gobernadora para el nombramiento de los nuevos magistrados. Los profesionistas designados, que requerirán una mayoría calificada del Congreso para su aprobación, cubrirán las vacantes en el pleno del Poder Judicial.
Esas vacantes se originaron debido a la separación de René Rodríguez Alcaraz, quien recibió una Pensión por Vejez como magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia. La segunda vacante se generó a partir de la renuncia irrevocable presentada por Leticia Chávez Ponce, quien dejó su cargo de magistrada el 27 de septiembre de 2024.
El dictamen que presentará la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes recomienda aceptar la propuesta de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para nombrar a Roberto Rubio Torres y Ruth Bravo Ortiz como magistrado y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, al considerar que cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo.
El acuerdo que se someterá a análisis y votación del pleno de la Sexagésima Primera Legislatura incluye, primero, la aceptación de la renuncia irrevocable de Leticia Chávez Ponce. Posteriormente se aprobará el nombramiento de Roberto Rubio Torres y Ruth Bravo Ortiz como magistrado y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por un periodo de 6 años a partir de la fecha en que rindan protesta ante el Congreso.
Los magistrados nombrados deberán rendir protesta en una sesión solemne convocada para tal efecto.
