En Colima, la entidad federativa en la que más homicidios dolosos y extorsiones se cometen por cada 100 mil habitantes, el Gobierno del estado no ha podido aclarar irregularidades en el gasto de 141 millones 446 mil 210 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Lo anterior se desprende de los Informes de Auditoría Simplificados del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Año 2023, realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De hecho, el ejercicio en Colima de los recursos de ese fondo federal presenta tantas irregularidades, que esa instancia fiscalizadora generó 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Así, tan solo por la falta de documentación que justifique y compruebe la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y el arrendamiento de vehículos financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2023, el Gobierno del estado no ha clarificado el destino de 112 millones 544 mil 500 pesos.
La ASF informó que el Gobierno del estado no presentó evidencia documental que acredite la entrega-recepción de los bienes adquiridos al amparo de los contratos denominados “Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información, aparatos audiovisuales y maquinaria”, “Adquisición de equipamiento tecnológico, informático y de comunicaciones”, “Adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas” y “Contratación de mantenimiento de equipo e instrumental de medicina forense y de laboratorio para la Fiscalía General del Estado de Colima”.
De acuerdo con la documentación, tampoco fue presentado el documento que acredite la entrega-recepción de “Adquisición de uniformes y prendas de protección para instituciones del sistema estatal de seguridad pública”, “Adquisición de conmutador de datos y refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo”, “Adquisición de equipo médico, de protección e insumos de laboratorio” y “Contratación del sistema de red de telecomunicaciones”, generando un importe de 25 millones 274 mil 300 pesos por aclarar.
La instancia fiscalizadora también considera no aclarados 1 millón 484 mil 800 pesos por la falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite la prestación de los servicios denominados “Adquisición de Licencia para el subprograma de bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, “Adquisición de mobiliario y equipo de administración para instituciones del sistema estatal de seguridad pública” y “Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para instituciones del sistema estatal de seguridad pública”.
Otra observación no solventada es por 923,800 pesos, al no realizar la evaluación integral denominada “Informe Estatal de Evaluación”, ni la formalización del contrato con un evaluador externo que incluyera las cláusulas relacionadas con los compromisos de confidencialidad y de responsabilidad, y el establecimiento de la condición de la liquidación final; así como, la evidencia del envío de dicho Informe al SESNSP a más tardar el 30 de abril de 2024.
También se observaron 575,900 pesos no aclarados por erogaciones realizadas con cargo a los recursos del citado Fondo, las cuales no se respaldaron en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 259,400 pesos por sobrecostos en la compra de un “Distanciómetro láser” y un “Escáner para lectura de computadoras vehiculares”; 238,900 pesos por la falta de cálculo y aplicación de penas convencionales por demoras en la entrega de los bienes por parte de los proveedores, y 144.6 miles de pesos que corresponden a pagos realizados con cargo en los recursos del Fondo, no obstante que no se autorizaron cantidades adicionales a las contratadas.
La ASF auditó 158 millones 460 mil 700 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Los 141 millones 446 mil 210 pesos pendientes de aclaración, representan el 89% de la muestra auditada, por ello el órgano fiscalizador determinó que el Gobierno del estado de Colima no realizó una gestión eficiente y transparente.
