Una coalición de organizaciones comunitarias, sindicales y religiosas presionaron al Ayuntamiento de Los Ángeles, California, para que apruebe la ordenanza que convierte a esta ciudad en “un santuario” para la protección de inmigrantes, ante la promesa de deportaciones masivas por parte del presidente electo estadounidense, Donald Trump.
Desde las escaleras de la alcaldía de la ciudad, decenas de activistas e indocumentados instaron al concejo de Los Ángeles a que culmine el trámite de la medida que impide la colaboración de la Policía de la ciudad con las autoridades migratorias.
“Deberíamos poder llamar a la Policía o a los bomberos sin sentir miedo”, dijo en una conferencia de prensa Zeneida Meneses, una inmigrante nicaragüense que trabaja en la limpieza. “El Gobierno federal no puede estar metido entre nuestra comunidad”, agregó Meneses en referencia a los agentes de inmigración.
Trump dijo en septiembre pasado que entre sus planes está pedir al Congreso que apruebe una ley que prohíba las “ciudades santuario” de inmigrantes.
“Tan pronto como asuma el cargo, aumentaremos de inmediato el número de agentes federales a todas las ciudades que no están entregando a los extranjeros delincuentes, que son muchas”, dijo el republicano durante un mitin en Carolina del Norte.
Una protección pendiente de su aprobación final
El concejo municipal de Los Ángeles había avanzado desde el año pasado una medida para convertir oficialmente a la ciudad en “santuario” de inmigrantes, que prohíbe el uso de sus recursos para el cumplimiento de las leyes federales de inmigración, pero no se ha completado su aprobación.
Tras el triunfo de Trump, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, urgió la semana pasada a los concejales a aprobar la ordenanza, que además niega a las agencias federales de Inmigración el acceso a las bases de datos de la ciudad.
En 2017, el Gobierno del entonces alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, había emitido una orden ejecutiva que limitaba la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA (ICE, por sus siglas en inglés), pero no existe una norma aprobada que fije permanentemente esas normas.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), destacó en la manifestación los aportes de 10 mil millones de dólares anuales de los inmigrantes residentes de Los Ángeles en pago de impuestos.
“Debemos sentirnos seguros en esta ciudad”, dijo la activista de origen mexicano.
Más de 1.3 millones de inmigrantes viven en Los Ángeles, lo que representa el 34% de la población, o de 1 de cada 3, que nacieron fuera de EUA.
La amenaza de deportaciones masivas
Por su parte, Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), advirtió que, aunque “no se puede controlar” lo que pasa en el gobierno federal, la ciudad debería tener autonomía sobre lo que pasa en el ámbito local. “Debemos estar del lado correcto de la historia”, subrayó.
Los activistas también enviaron un mensaje a la comunidad indocumentada para estar “preparados” ante la llegada de Trump y su equipo. El republicano nombró a Tom Homan, con décadas de experiencia en el cumplimiento de las leyes de inmigración, como “zar de la frontera” y responsable de implementar las deportaciones masivas.
Homan ha criticado a las denominadas “ciudades santuario” y en especial a California por aprobar la Ley Santuario de Inmigrantes de California (SB54), que prohíbe a las agencias del orden, estatales y locales investigar, interrogar o detener y detectar a las personas con el propósito de cumplir con las leyes de inmigración.
En el pasado Gobierno de Trump (2017-2021), este restringió los fondos federales para la seguridad a aquellos estados que promovieran “ciudades santuario”. California llevó la pelea del caso a las cortes y ganó el pleito.
Por su parte, la ciudad de Los Ángeles, a través de su entonces fiscal Mike Feuer, también demandó al Departamento de Justicia (DOJ) de EUA por retener más de un millón de dólares destinados a la seguridad anual de la ciudad.
