El reciente anuncio del incremento presupuestal federal del 3.5% para las universidades públicas, aunque aliviador en términos de la incertidumbre inicial, evidencia un problema estructural que amenaza con perpetuar las dificultades financieras de nuestras instituciones de educación superior.
Con un déficit acumulado superior a los 30 mil millones de pesos, resulta evidente que ese aumento, aunque necesario, es insuficiente para atender las necesidades crecientes y cumplir las metas de cobertura educativa que se ha planteado el sexenio que comienza.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha sido clara: alcanzar una cobertura del 55% para 2025 requiere un esfuerzo titánico. Sin embargo, ese esfuerzo no puede recaer únicamente en las universidades y, mucho menos, en las familias, que históricamente han asumido gran parte de los costos a través de cuotas y otros aportes. El traslado de esa carga económica a los estudiantes y sus hogares pone en riesgo la equidad en el acceso a la educación superior.
Aunado a ello, la situación se agrava debido a la falta de cumplimiento de las aportaciones estatales hacia las universidades públicas. La ANUIES ha dicho que es alarmante que solo una entidad cumpla cabalmente con sus obligaciones, mientras otras apenas alcanzan 11% o 12%. Ese incumplimiento deja a las universidades en una posición de vulnerabilidad.
Frente a ese panorama, el llamado de la ANUIES a “hacer un esfuerzo” con los recursos disponibles no debe interpretarse como resignación, sino como un acto de responsabilidad. Sin embargo, resulta crucial que ese esfuerzo sea acompañado por un replanteamiento del modelo de financiamiento.
Las universidades no pueden ni deben depender únicamente de la gestión de la escasez. Es indispensable que se diseñen políticas públicas que fortalezcan sus presupuestos de manera sostenible, garantizando tanto el crecimiento en la matrícula como la calidad educativa.
Más allá de lo económico, la educación superior es un compromiso social. Las universidades forman no solo a profesionistas, sino a ciudadanos críticos y comprometidos con el desarrollo del país. Por ello, garantizar su estabilidad financiera y capacidad operativa no es un lujo, sino una inversión estratégica en el futuro de México.
