La COP29 acordó este domingo (24) de madrugada (hora local), tras 2 semanas de intensas negociaciones, momentos de crisis y caos en su tramo final, el acuerdo financiero por el cual los países ricos pagarán 300 mil millones de dólares anuales al Mundo en desarrollo para costear allí la acción climática.
En un plenario interrumpido varias veces para ultimar los detalles del texto a negociar, los cerca de 200 países reunidos en la cumbre de Bakú sellaron por fin el acuerdo con el que fijaron la nueva meta de financiación climática, que reemplazará a la anterior que estaba establecida en 100 mil millones de dólares anuales.
Los negociadores pasaron las últimas 2 semanas discutiendo en la capital azerí los detalles de este objetivo, que según se acordó establece la cantidad de 1.3 billones de dólares anuales para 2035, si bien de ese monto sólo 300 mil millones de dólares deberán proveerse a través de ayudas y movilización de fondos privados con respaldo público.
Los delegados, periodistas y público, presentes en la gigantesca sala donde se celebraba el plenario, rompió en aplausos y ovaciones cuando el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, bajó el martillo sobre el acuerdo financiero que suponía el fin a una jornada maratónica que se había extendido más de 32 horas del cierre previsto de la cumbre.
Más de 24 horas después de su clausura, la cumbre de Bakú cerró el acuerdo con el que los estados pudientes se comprometieron a asumir una parte de la factura que la transición ecológica y la adaptación climática comporta para los países del Sur Global, que son los menos responsables históricos del calentamiento global y, al mismo tiempo, los que más sufren sus consecuencias.
El texto reitera una de las demandas que estos estados con menos recursos llevan años manifestando en estos foros: la reforma de la arquitectura financiera internacional.
Los países señalan que ésta deberá “abordar los obstáculos” a los que se enfrenta el Mundo en desarrollo a la hora de acceder a la financiación climática, eliminando por ejemplo las barreras y los elevados costes de capital, las limitaciones fiscales, los “niveles insostenibles de deuda” o los altos costes de transacción.
Reconoce asimismo la necesidad especial de acercar “recursos públicos, subvenciones y financiación en condiciones muy favorables, en particular para la adaptación y la respuesta a los daños y perjuicios” del cambio climático en los países “menos adelantados” y en “los pequeños estados insulares en desarrollo”.
