El Gobierno de Javier Milei denunció actos de hostigamiento e intimidación contra los venezolanos asilados en su embajada en Caracas, que permanece bajo la protección diplomática de Brasil, tal como lo había afirmado pocas horas antes en redes sociales uno de los 6 opositores refugiados en la sede diplomática.
“La República Argentina condena los actos de hostigamiento e intimidación contra las personas asiladas en la embajada argentina en Caracas, actualmente bajo la protección diplomática del Gobierno de Brasil”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado publicado en la red social X.
El Ejecutivo de Milei aseveró que el “despliegue de efectivos armados”, el “cierre de calles” alrededor de la Embajada argentina en Caracas y “otras maniobras constituyen una perturbación de la seguridad que debe garantizarse a las sedes diplomáticas de conformidad con el derecho internacional, así como a quienes han solicitado asilo diplomático”.
En su comunicado, Argentina hizo “un llamado a la comunidad internacional para condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida” de Venezuela de los 6 opositores refugiados en la sede diplomática desde marzo pasado, luego de que la Fiscalía venezolana les acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria.
Asimismo, agradeció al Gobierno de Brasil por “representar los intereses argentinos en Venezuela, asumiendo la protección de los diplomáticos locales, y por sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los asilados frente al hostigamiento del régimen venezolano”.
A través de la red social X, Pedro Urruchurtu, uno de los asilados y coordinador Internacional de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por María Corina Machado-, indicó que agentes encapuchados con armas largas de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «rodean la sede diplomática y bloquean los accesos en la calle”.
Este es el tercer asedio denunciado por Urruchurtu a las afueras de la residencia argentina, cuya protección fue asumida en agosto pasado por Brasil luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos de Venezuela ese mismo mes.
