Aterradora la violencia en Colima: el caso de los poderes judiciales
Por Rogelio Guedea
Creo que es tiempo de que la gobernadora Indira Vizcaíno haga cambios profundos en las corporaciones encargadas de prevenir e impartir justicia. El enscrispado clima de violencia que se vive en Colima lo hace impostergable. No solo la sociedad civil está postrada (todos los días muere alguien derivado de los fuegos cruzados entre los grupos criminales), sino que también están postrados los poderes judiciales y la propia policía estatal. Tuvimos recientemente el crimen perpetrado en contra de Ricardo Gálvez Campos, proyectista del poder judicial de Colima, en un ataque directo al salir de su domicilio. El pronunciamiento de la Fiscalía fue, en este caso, tibio y parco. Poco tiempo antes, fue asesinado otro conocido abogado y su hijo en un área cercana del Centro de Justicia Penal Federal, además de ser asesinados previamente otro abogado que había prestado su servicio a una de las víctimas. Por este motivo, el Tribunal Colegiado en Colima decretó trabajo a distancia. Recordemos que en julio de 2022 fue asesinado también, en Coquimatlán, Jonatan Vislay Polanco Arias, quien se desempeñaba como secretario de acuerdos del Juzgado de Paz de esa demarcación. En el ataque falleció también su esposa y su hija tuvo que ser hospitalizada debido a las lesiones que recibió por los impactos de bala. No está de más decir que en 2020 fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas Guerra, en su propia casa, y fue el propio presidente López Obrador quien condenó el doble homicidio. Hace unos días fue asesinado otro policía estatal, llegando ya a la suma de 16 elementos de esta corporación en lo que va sólo de este año. Si a esto aunamos los crímenes contra la sociedad civil (sólo el fin de semana pasado sumaron siete), estamos hablando de una crisis profunda en el plan de combate a la violencia en nuestra entidad y, por tanto, en la necesidad imperiosa de que la gobernadora haga cambios urgentes en la policía estatal, la Fiscalía, etcétera. Los daños colaterales que esto está teniendo (incluso en la salud y economía local) son realmente alarmantes y los mismos especialistas, con base en datos del Inegi hablan de la recesión por la que atraviesa Colima y de las causas que las están ocasionando, entre ellas la violencia y la poca apuesta por abrir otros sectores productivos más allá de la logista industrial creada por el puerto de Manzanillo. Falta, pues, no postergar más los cambios profundos en las autoridades encargadas de la seguridad de nuestra entidad, así se tenga que romper con compromisos personales e incluso políticos adquiridos con los responsables de la paz social de nuestro estado.
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