La Fiscalía General de Ecuador formuló cargos contra un policía en activo, acusado de presuntamente haber revelado datos de una operación secreta contra la delincuencia en una zona próxima a la ciudad de Guayaquil.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que imputó al policía identificado como Jairo R. A. por supuestamente filtrar información y poner en aviso de la operación a Edwin M. O., en cuya vivienda se hallaron varias armas de fuego.
En total, 3 personas fueron detenidas en la operación ejecutada en la vía a Daule y en el municipio de Samborondón, situado en el área metropolitana de Guayaquil, por el Bloque de Seguridad, un mecanismo de coordinación entre policías, militares y ministerios de Interior y Defensa, creado por el Gobierno en su lucha contra las bandas del crimen organizado.
Uno de los detenidos es el policía en activo, a quien la Fiscalía le imputó el delito de “difusión de información de circulación restringida”, quien habría enviado “pormenores de los allanamientos a un habitante de una de las urbanizaciones” intervenidas, añadió el Ministerio Público.
El juez del caso dictó la orden de prisión preventiva, con fines de investigación, contra el agente acusado, ya que, según el parte policial, habría alertado a Edwin M. O. sobre las acciones que desplegaría el Bloque de Seguridad.
En el domicilio del Edwin M. O. se encontraron municiones y dos armas de fuego, una de las cuales no ha podido ser justificada por el detenido, ante lo cual ha sido incautada, refirió la Fiscalía.
Otro de los detenidos fue identificado como Jesús Eduardo F. M., de nacionalidad colombiana, al interior de cuya vivienda se encontraron 4 gramos de cocaína rosa, por lo que ha sido imputado por “presunto tráfico de drogas a mediana escala”, añadió el Ministerio Público al precisar que también se le ha dictado prisión preventiva.
Al tercer detenido en la operación, Kevin G. M., los agentes le encontraron un arma para balas de goma, que pueden causar lesiones, daños y traumatismos, pero no se le han formulado cargos ante la falta de pruebas, según señaló la Fiscalía.
Desde inicios de año, el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, en un intento por reducir la oleada de violencia atribuida por las autoridades a las bandas de delincuencia organizada que operan en el país, muchas de ellas relacionadas con mafias del narcotráfico internacional.
Este auge criminal hizo que Ecuador se situase en 2023 como el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con una tasa de 47.2% homicidios por cada 100,000 habitantes, un indicador que según las últimas estimaciones del Gobierno podría bajar en unos 7 puntos porcentuales en 2024, que seguiría siendo de los más altos de la región.
En 2017 la tasa de homicidios intencionales en Ecuador llegó a 5.79%, subió en 2022 a 28.4% y se disparó a 47.2% asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2023.
Tras la declaración de “conflicto armado interno”, el Gobierno pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como “terroristas”, para facilitar la acción de las fuerzas de seguridad del país, en conjunto con una serie de estados de excepción con los que, entre otras acciones, pasó a militarizar las cárceles controladas por las estructuras criminales.
