Representantes de la Policía, la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) y el servicio de seguridad presidencial (PSS) se reunieron para coordinar un nuevo intento de arresto de Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, después del fallido intento de principios de mes.
Las autoridades surcoreanas buscan ejecutar la orden de detención con la colaboración del PSS, lo que podría dar lugar a un operativo con hasta 1,000 efectivos.
El primer intento de arresto de Yoon, realizado el 3 de enero, fracasó cuando la seguridad presidencial bloqueó el acceso de agentes de la policía y funcionarios de la CIO a la residencia del mandatario. El enfrentamiento, que duró varias horas, culminó en la cancelación del operativo. La reunión de hoy se da en medio de especulaciones sobre una nueva acción, tras la extensión de la orden de detención por parte de un tribunal de Seúl la semana pasada.
El PSS aceptó participar en la reunión tras recibir una carta de la Policía, en la que se le solicitaba colaborar y se le advertía de consecuencias legales ante cualquier obstrucción. En caso de interferir con el operativo, los funcionarios podrían ser despojados de su estatus y sancionados, impidiéndoles ocupar futuros cargos públicos.
Se cree que Yoon se encuentra refugiado en su residencia desde su destitución por parte de la Asamblea Nacional el 14 de diciembre. Tras el fracaso del primer intento de arresto, el PSS reforzó la seguridad del lugar, instalando alambre de espino y barricadas, y alineando autobuses para dificultar el acceso. Esto ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que la policía despliegue vehículos acorazados o incluso helicópteros en un segundo intento.
El refuerzo de la seguridad también ha elevado preocupaciones sobre un posible enfrentamiento físico entre las fuerzas del orden, el PSS y los manifestantes que se han concentrado frente a la residencia del presidente, tanto a favor como en contra de su detención. La reunión de los cuerpos de seguridad coincide con la fecha de la primera audiencia formal del juicio en el Tribunal Constitucional, donde se decidirá si la destitución de Yoon será definitiva tras su controvertida declaración de ley marcial en diciembre.
No se espera que el presidente comparezca ante el tribunal. Por su parte, los abogados de Yoon han solicitado la anulación judicial de la orden de arresto, argumentando que solo la Fiscalía tiene autoridad para solicitar la detención en casos de insurrección, el único delito por el cual un presidente surcoreano no goza de inmunidad.
