La Fiscalía peruana dio 24 horas a la presidenta Dina Boluarte, o a su defensa legal, para entregar los documentos que motivaron una cirugía en 2023 que mantuvo oculta, así como las normas que firmó en ese periodo, como parte de la investigación por un posible abandono de cargo.
A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la Fiscalía requirió a la mandataria “que cumpla con remitir -en plazo de 24 horas las 91 normas en original que asegura suscribió entre el 28 de junio y 9 de julio de 2023, y los documentos sobre su estado de salud que motivaron la intervención quirúrgica”.
En la red social X, el Ministerio Público precisó que hace esta petición tras la declaración que la mandataria brindó el 13 de enero, como parte de la investigación abierta por la presunta comisión “del delito de omisión de funciones y, alternativamente, por el delito de abandono de cargo, en agravio del Estado”.
Boluarte acudió este lunes al despacho de la fiscal general, Delia Espinoza, para declarar sobre la operación de nariz que mantuvo oculta al Congreso por más de un año y que ha motivado la investigación del Ministerio Público.
Su abogado, Juan Carlos Portugal, afirmó tras la diligencia que “no existe omisión del cargo” porque Boluarte “siempre estuvo al tanto del país”.
Explicó que la cirugía duró entre 40 y 50 minutos, durante los cuales “la presidenta nunca estuvo inconsciente”, pues se trató de una intervención “sumamente sencilla”.
“En todo momento estuvo lúcida” y el tratamiento posterior fue ambulatorio, a pesar de que esa noche (29 de junio de 2023) pernoctó en la clínica, indicó Portugal.
Por ese motivo, el abogado sostuvo que “no hay ninguna omisión (de funciones) porque la obligación de comunicar (al Congreso) no está amparada en una norma”.
Boluarte admitió el pasado 12 de diciembre que fue sometida a “una intervención quirúrgica, no fue estética”, que “fue necesaria, imprescindible”, para su salud, y que no le generó “ningún tipo de incapacidad, ni impedimento para ejercer” sus funciones.
“Cuando se digne a citarme el Ministerio Público, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico”, indicó.
Tras la apertura de la investigación, Espinoza sostuvo en una entrevista que no se está investigando a la presidenta porque haya pasado una cirugía, sino porque, presuntamente, “habría hecho abandono del cargo por horas o días sin justificación, sin haber comunicado al Congreso como corresponde”.
En este sentido, reiteró que la pesquisa es “sobre las horas que habría dejado de ejercer la Presidencia por, quizás, haber estado incapacitada o inconsciente” en el periodo del 29 de junio al 9 de julio de 2023.
