• Sáb. May 18th, 2024

Empeoran en combatir corrupción, la Fiscalía Especializada y su Comité Ciudadano

La doctora Annel Vázquez Anderson, del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, presentó los resultados del segundo Informe País 2021 sobre combate a la corrupción y Métrica de justicia abierta 2022 que, en ese lapso, para el caso de Colima, la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) empeoraron su actuación con relación al anterior documento.

Sobre el método que utilizaron, explicó que en esta investigación básicamente se revisó el cumplimiento de los mandatos, “porque como sabemos, los mandatos no son debatibles, ni son optativos, pues están asentados en el principio de legalidad, según el cual los servidores públicos solo pueden hacer aquello a lo que están expresamente facultados”.

De los resultados obtenidos, de una actualización del año anterior con respecto a las instituciones que forman el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre si están o no cumpliendo con los mandatos que se le otorgaron, “hubo mejoras, hubo avances, específicamente en 2 áreas, que es el de la Auditoría Superior de la Federación, incrementó en 9.3 puntos porcentuales su crecimiento de mandato con respecto al año anterior”.

Asimismo, mejoraron las oficinas centrales, “donde nos referimos prácticamente a las Secretarías Ejecutivas, a los Comités Coordinadores y a las Comisiones Ejecutivas del Sistema Nacional de Anticorrupción, ellos mejoraron 5 puntos porcentuales con relación a la evaluación que hicimos el año anterior”.

De acuerdo con esta evaluación, hubo quien empeoró: “Las instancias que empeoraron fueron la Fiscalía Anticorrupción (de Colima), que obtuvo 12.5 puntos porcentuales menos que en 2020 y el CPC del Sistema Nacional Anticorrupción”.

La doctora Annel Vázquez destacó que “por supuesto se debe a que este año nos tocó analizar el 2021, (cuando) el CPC solo contaba con un integrante, entonces no se había nombrado a los demás (y así continúa hasta la fecha) y por supuesto que eso tiene consecuencias”.

En otra parte de su exposición señaló que en este informe se puede ver que es el INAI quien se ha ganado en las 2 evaluaciones el mayor porcentaje de cumplimiento.

Vázquez Anderson mencionó que en las investigaciones se han concentrado más en lo que es el combate a la corrupción; “es decir, estamos revisando si las instituciones y las leyes que se crearon para combatir la corrupción están funcionando”.

Dio a conocer que en este segundo informe ya incluyen a los Sistemas Estatales Anticorrupción; en el primero solamente aparecía el Sistema Nacional, por lo que el nuevo informe trae una actualización del anterior más la integración de la reducción del cumplimiento de los mandatos de los sistemas estatales anticorrupción.

Vázquez Anderson mencionó que el informe está dividido en 3 apartados: el primero se concentra en la actualización de los datos de 2021 y de lo que se había hecho en 2020, mientras que el segundo sirve para determinar si en la actualización la situación cambió en algo, mejoró, si existen mejores condiciones, si hay menos discrecionalidad y, si en general, el sistema nacional está funcionando mejor.

El tercer apartado, añadió, se refiere a los sistemas locales anticorrupción y “se invita a que se analicen las funciones y el papel de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, y la importancia de la participación de la sociedad”.

En su exposición, Annel Vázquez dijo que los 2 informes se pueden consultar en la página combatealacorrupción.mx, donde además se encuentran todas las bases de datos utilizadas.

Destacó que en el primer elemento se partió del concepto de la respectiva técnica de la corrupción como captura; la corrupción como captura de lo público por intereses privados.

Señaló que las fuentes que se utilizaron fueron la información pública, ya sea a través de solicitudes de información o a través de lo que publicitan las instituciones públicas en sus páginas web.

Para el informe referido se presentaron 326 solicitudes de información, se certificaron 21 bases de datos de 11 instituciones públicas federales y de dependencias integrantes de los sistemas locales anticorrupción, lo que arrojó más de un millón 860 mil datos abiertos y consultables en la página arriba mencionada.

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