La Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el oficialismo, reformó la Ley Bitcoin a fin de eliminar la obligación de aceptar esta criptomoneda para los agentes económicos, suprimir el papel estatal en su uso y borrar referencias a que es una moneda de curso legal.
Los legisladores reformaron el Artículo 1 y 7 de la referida ley, vigente desde septiembre de 2021, para establecer que el intercambio con este criptoactivo únicamente será entre ciudadanos y empresas privadas.
La nueva redacción del Artículo 1 dicta que las transacciones con bitcoin deberán ser “con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente”. Antes de estos cambios se incluían a las instituciones públicas.
La enmienda sustituye el Artículo 7 que originalmente establecía que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido”, para indicar que las empresas podrán aceptar o no la criptomoneda.
La iniciativa de reformas a la normativa, enviada por el presidente Nayib Bukele, también prescribe que la deuda local o internacional adquirida por el Estado salvadoreño debe ser pagada en la moneda que fueron contraídas.
Los diputados también eliminaron de la ley los artículos 1 y 5 que hacen referencia a que el bitcoin es una moneda de curso legal al igual que el dólar estadounidense.
Entre las derogaciones aprobadas en la Ley Bitcoin están los artículos 4,8 y 9, que establecían que los impuestos podían pagarse con bitcoin y la obligación del Estado de proveer mecanismos a la ciudadanía para realizar transacciones en bitcoin, convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar.
El Gobierno de Bukele ha dado esta convertibilidad mediante recursos estatales colocados en un fideicomiso, del que no se rinden cuentas, y la billetera Chivo Wallet.
La adopción del bitcoin en El Salvador se constituyó como la principal apuesta económica de Bukele y, pese a la alta popularidad que tiene el mandatario, ésta fue rechazada por la mayoría de la población.
A mediados de diciembre pasado se anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador alcanzaron un acuerdo para un préstamo de 1,400 millones de dólares, para lo que la institución financiera determinó como condiciones relacionadas con el uso del bitcoin.