Arabia Saudita adquirió “una participación accionaria minoritaria” de la Professional Fighters League (PFL) para expandir “globalmente” la liga norteamericana de Artes Marciales Mixtas (MMA), en una nueva incursión de la monarquía árabe en la industria del deporte.
El acuerdo fue alcanzado entre la PFL y la recién creada SRJ Sports Investments, una empresa saudí propiedad del Fondo de Inversiones Público (FIP), uno de los fondos soberanos más imponentes del Mundo y que ha adquirido varios clubes de futbol de la liga doméstica e incluso de la Premier League inglesa.
Ambas entidades dijeron en un comunicado conjunto que la participación saudí servirá “para acelerar el impulso de la PFL para expandirse globalmente, reclutar a los mejores luchadores y desarrollar su base de seguidores”.
Todo ello para que la PFL se convierta en “el colíder de MMA en todo el Mundo” junto a la renombrada Ultimate Fighting Championship (UFC).
Asimismo, la compañía saudí se convertirá en inversor de una nueva liga regional, la PFL MENA (Oriente Medio y Norte de África), que se inaugurará en 2024.
El acuerdo también estipula el desarrollo y la organización de “megaeventos” de la talla de los PFL PPV SUPER FIGHTS en Arabia Saudita.
“La misión de la PFL es convertirse en el colíder global en MMA con nuestra misión de dar prioridad al luchador y un formato disruptivo de temporada deportiva”, dijo en declaraciones en el comunicado el fundador de la entidad, Donn Davis.
Por su parte, el presidente de SRJ, Bander bin Mogren, dijo que su empresa “está dando forma a una nueva era de los deportes en Arabia Saudita y acelerando el crecimiento de la economía deportiva nacional”.
Esta representa la última aventura saudí en la industria del deporte, un sector que está tratando de expandir a través de la creación de empresas con fondos públicos o con la compra de clubes tanto locales como internacionales.
Las autoridades saudíes alegan que la participación en el deporte ha pasado del 13% en 2015 a cerca del 50% en 2022 y el número de federaciones deportivas ha aumentado de 32 en 2015 a más de 95 en 2022.
Estas multimillonarias inversiones forman parte de un programa del país árabe para reducir su dependencia del petróleo, mientras que varias ONG y activistas denuncian que se trata de una política de lavado de imagen para cubrir las violaciones de derechos humanos en la monarquía del golfo Pérsico.
