La Liga de Futbol Profesional de Francia (LFP) va a adelantar a los clubes el dinero de los derechos de televisión en espera de la decisión judicial en el contencioso con la empresa difusora, la británica DAZN, que bloquea el pago para presionar y modificar las condiciones del contrato.
La LFP indicó en un comunicado que su consejo de administración decidió por unanimidad activar su fondo de reserva sin esperar el dictamen del Tribunal de Actividades Económicas de París sobre el litigio con DAZN.
“Gracias a esta medida -destacó- los clubes recibirán el fin de semana las cantidades que tienen derecho a esperar para permitirles así afrontar sus necesidades de tesorería”.
El pasado viernes, el tribunal indicó que se pronunciará sobre la cuestión el próximo 28 de febrero.
La patronal del futbol francés llevó a DAZN ante la justicia porque el difusor británico sólo ha querido pagar la mitad de los 70 millones que tendría que haber abonado el 30 de enero.
La empresa, que se hizo con los derechos de 8 de los 9 partidos de cada jornada de primera división por 400 millones por temporada entre 2024 y 2029, considera que la LFP hizo una valoración excesiva del potencial para rentabilizarlos.
Además, les acusa de no cumplir sus compromisos para hacer frente al pirateo de la señal de los partidos y a los clubes de no permitir a sus periodistas elaborar contenidos que den más valor a sus programas.
El resultado es que DAZN solo ha conseguido un tercio de los 1.5 millones de abonados en Francia que se había marcado como objetivo para que el contrato fuera rentable, y eso pese a las constantes revisiones a la baja de su abono desde el inicio de la temporada.
La LFP rechaza esos argumentos y exige el pago íntegro del contrato, que por ahora se encuentra congelado en una cuenta bancaria a la espera de la decisión de justicia.
Muchos clubes habían manifestado que necesitaban ese dinero para su funcionamiento corriente y que no podían esperar, razón por la cual la LFP insistía al tribunal para que dictaminara con urgencia.
Pero el magistrado que estudió el caso no quiso precipitarse y se dio hasta finales de febrero con el argumento de que es un sumario de 110 páginas y que prefería tomar una buena decisión antes de hacerlo rápido.

