Con 335 votos a favor, 125 en contra de la oposición y una abstención del petista Amarante Gómez, la Cámara de Diputados aprobó un “blindaje” que afianza la reforma constitucional que establece que no son impugnables las reformas a la Constitución.
De acuerdo con información difundida por Reforma, el pleno aprobó cambios a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que establecen que las controversias constitucionales serán improcedentes cuando tengan por objeto controvertir adiciones o reformas a la Carta Magna.
Las modificaciones señalan que, tratándose de controversias constitucionales contra normas generales, su admisión no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, facilitan la tramitación de controversias y acciones de inconstitucionalidad por medio de notificaciones electrónicas y ajusta las reglas de votación al requerir el aval de cuando menos 6 ministros para declarar la invalidez de las normas impugnadas, señala el medio nacional.
La diputada de MC, Iraís Reyes, advirtió que lo que la mayoría pretende con las modificaciones legales es que las personas no puedan cuestionar ni pelear contra las reformas que la mayoría haga a la Constitución.
Por su parte, Damián Retes, del PAN, aseguró que las modificaciones impulsadas por la mayoría destruyen el mecanismo que le permite a los ciudadanos defenderse de los abusos del poder: las acciones de inconstitucionalidad.
Agregó que el riesgo es que si mañana, deciden concentrar el poder en una sola persona o convertir la República en el imperio de la 4T, nadie podrá detenerlos, precisa la nota de Reforma.
El priista César Alejandro Domínguez sostuvo que con las modificaciones a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución lo que se está “armonizando” es el atropello a los Poderes de la Unión, a los estados y a los municipios y la posibilidad de controvertir una norma constitucional de tratados internacionales.
Jesús Valdés Peña, de Morena, dijo que con la reforma se impide que las suspensiones provisionales en los juicios de control se utilicen como una herramienta de activismo judicial que afectaba la entrada en vigor de los efectos de una norma, generando incertidumbre y falta de seguridad jurídica.
El dictamen fue devuelto al Senado, ya que los diputados realizaron modificaciones para subsanar inconsistencias de técnica legislativa.
Con información de Reforma
