Luego de subsanar errores, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión urgente la lista definitiva de candidaturas que aparecerán en las boletas para la elección judicial del próximo 1 de junio.
El listado, que incluye a 64 aspirantes a la Suprema Corte y 15 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre otros cargos judiciales, fue enviado a la estatal Talleres Gráficos de México para la impresión de las boletas.
Dicho proceso, antes previsto para la noche de este jueves (20), se pospuso hasta el viernes (21) para realizar pruebas de impresión antes de iniciar con la producción de por lo menos 600 millones de boletas, casi el doble de las que se utilizaron en la elección federal de 2024.
Al aprobar las listas finales, la consejera Carla Humphrey expresó su inconformidad “por la falta de paridad en las postulaciones” para la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Además, señaló la necesidad de “garantizar una representación equitativa en futuras listas”, toda vez que se registraron 9 hombres y solo 6 mujeres; mientras que para la corte se listaron a 33 mujeres y 31 hombres.
En el caso de la Suprema Corte, el organizador de las elecciones en el país incluyó a las 3 ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes han manifestado su interés en participar por la presidencia del máximo tribunal del país.
En este sentido, la consejera del INE, Dania Ravel, explicó que los últimos requerimientos de información tuvieron la finalidad de que “las listas de candidaturas no contengan errores y que en ellas aparezcan quienes tienen derecho a ello”.
“Estas 3 candidatas sí tienen derecho a ser incluidas en las boletas, por lo que este Instituto no puede negarles este derecho y esto se ve reforzado porque las autoridades tenemos la obligación de interpretar las normas siempre buscando la protección más amplia de los derechos humanos para las personas y los derechos políticos también son derechos humanos”, detalló.
Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dio cuenta de un “escenario inédito en el que se presentaron más de 500 peticiones” al Instituto Electoral por sobrenombres, correcciones, declinaciones.
