Este lunes arrancó en Estados Unidos el juicio por la demanda presentada por la empresa Energy Transfer (ET) contra Greenpeace, en la que se exige una compensación de 300 mdd por los daños causados por las protestas contra el oleoducto Dakota Access.
Greenpeace ha rechazado las acusaciones, argumentando que su apoyo a las protestas no fue más que un respaldo a las acciones de la comunidad indígena. El juicio, que se espera dure unas 5 semanas, comenzó con la selección del jurado, y el juez James Gion advirtió que este caso tendrá “un gran impacto en mucha gente”. El proceso arrancó con un primer grupo de 30 posibles jurados.
Representantes de Greenpeace International y de sus ramas en Estados Unidos acudieron al tribunal en Dakota del Norte, pero el acceso al caso se ha limitado. El juez Gion rechazó las solicitudes de los medios para grabar o tomar fotografías dentro de la sala y no permitió que el juicio fuera transmitido en vivo.
El principal asesor legal de Greenpeace en EUA, Deepa Padmanabha, advirtió que este juicio podría sentar un peligroso precedente legal al responsabilizar a los participantes de protestas por las acciones de terceros. Este tipo de litigios es conocido como Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP), una estrategia utilizada por corporaciones y grupos poderosos para frenar la actividad de activistas y opositores.
La abogada principal de Greenpeace, Kristin Casper, expresó el respaldo global recibido, incluida una carta abierta solicitando el fin del caso. Además, adelantó que la organización buscará recuperar los costos legales a través de procedimientos en los Países Bajos, donde tiene su sede.
