La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acusó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de realizar señalamientos sin pruebas contra jueces federales con el fin de desviar la atención de presiones internacionales.
En un comunicado, la Jufed rechazó las declaraciones del funcionario, asegurando que buscan desacreditar al Poder Judicial. «La seguridad y la justicia en México no se construyen con discursos que deslegitiman al Poder Judicial ni con intentos de debilitar las instituciones, sino atacando las causas, acciones que no han sido realizadas, sino hasta la denuncia de un gobierno extranjero», expresó la asociación.
Extradiciones y acusaciones de acuerdos con jueces
La postura de la Jufed surge tras las declaraciones de García Harfuch, quien en conferencia de prensa afirmó que la extradición de 29 narcotraficantes mexicanos se realizó ante el riesgo de que fueran liberados o sus procesos se retrasaran debido a supuestos acuerdos con jueces.
“El Gabinete de Seguridad cuenta con información de que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, sostuvo el secretario.
Ante ello, la Jufed calificó estas acusaciones como falsas y sin sustento probatorio, exigiendo respeto a la labor de los jueces y que las autoridades del Poder Ejecutivo se conduzcan con responsabilidad y apego a la Constitución.
La presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, también rechazó las acusaciones y reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho. Enfatizó que, en caso de irregularidades en el actuar de los jueces, se deben utilizar las vías legales correspondientes, asegurando que el Poder Judicial no tolerará corrupción dentro de sus filas.
Contexto político y presiones internacionales
El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Gobierno federal ocurre en medio del debate sobre la reforma judicial, que plantea elegir por voto popular a la mitad de los jueces y magistrados, así como a los nueve ministros de la SCJN, lo que ha avivado la discusión sobre la independencia judicial en México.
A ello se suman las presiones de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, especialmente el tráfico de fentanilo, y la migración, en un contexto donde el gobierno estadounidense ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas.
El pasado 27 de febrero, el Gobierno de México extraditó a 29 capos de la droga a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como «Z-40» y «Z-42»; así como Antonio Oseguera, alias «Tony Montana», operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano de Nemesio Oseguera «El Mencho», líder de la organización criminal.
