Una nueva legislación que crea una entidad fiscalizadora de las sociedades deportivas, admite la formación de compañías limitadas y exige que los inversores demuestren capacidad económica para la financiación entra en vigor en Portugal.
La nueva reglamentación, aprobada en el Parlamento luso en junio sin votos en contra, establece que el Instituto Portugués del Deporte y la Juventud (IPDJ) “será responsable de verificar la idoneidad y posibles conflictos de intereses de los inversores, administradores y gestores cualificados”, explicó el Ejecutivo en un comunicado.
Los potenciales inversores serán obligados, ante la entidad fiscalizadora, a demostrar capacidad económica para invertir y la procedencia de los medios financieros que usarán, y no podrán serlo aquellos que se dediquen a la intermediación o representación de jugadores o entrenadores o que estén conectados a empresas relacionadas con apuestas deportivas.
Por otra parte, a partir de ahora se admitirá un nuevo tipo societario, la sociedad limitada, “una alternativa para que los clubes no tengan que ceder a la tentación de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) cuando opten por asociarse con particulares”.
La nueva legislación incluye que un club solo puede impulsar o ser titular de capital social de 2 o más sociedades deportivas si cada una tiene una única modalidad deportiva o si, siendo de la misma modalidad, se diferencian por sexo.
“Se trata de una medida inductora de inversión en equipos femeninos. Es asegurada la representación mínima de género en los órganos de administración y fiscalización”, destacó el Gobierno.
No se podrán fusionar las sociedades deportivas con diferentes clubes deportivos fundadores, salvo que haya fusión entre los respectivos clubes deportivos, entre otras medidas.
Asimismo, comenzarán a aplicarse a las sociedades deportivas las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo previstas en la legislación lusa desde 2017.
