El Congreso del Estado tiene como plazo máximo el 19 de junio de 2025 para armonizar la Ley local de Transparencia con las disposiciones de la nueva Ley General publicada por el Congreso de la Unión, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 transitorio.
La nueva legislación fue publicada el 20 de marzo y entró en vigor al día siguiente, lo que activó el plazo de 90 días naturales para que las legislaturas locales adecuen sus marcos normativos en materia de acceso a la información pública.
Además de las reformas legislativas, el decreto establece que las contralorías estatales asumirán el rol de autoridades garantes en materia de transparencia en sus respectivas entidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo 3, fracciones IV y V. Esas instancias también serán responsables de los asuntos en materia de acceso a la información en los municipios y demarcaciones territoriales, incluyendo a la Ciudad de México.
Durante el periodo de transición, los gobernadores estatales formarán parte del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, en lo que se considera un nuevo esquema de gobernanza del derecho a saber.
El Poder Ejecutivo federal también deberá emitir los reglamentos y ajustes necesarios dentro del mismo plazo de 90 días. Además, las entidades federativas deberán armonizar sus legislaciones locales conforme al decreto de simplificación orgánica aprobado en diciembre de 2024.
Las autoridades garantes locales estarán facultadas para aplicar sanciones y medidas de apremio dentro de su jurisdicción, y se integrarán al Sistema Nacional de Acceso a la Información como parte del nuevo diseño institucional en materia de transparencia.
Francis Bravo