Morena, en la Cámara de Diputados, busca desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial y que la Tesorería de la Federación se quede con cerca de 20 mil millones de pesos.
De acuerdo con información del periódico Reforma, el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, presentará en el Pleno una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para prohibir los fideicomisos que actualmente existen.
El argumento es que el Poder Judicial no se ha ajustado a las medidas de austeridad y racionalidad que se han impuesto con el Gobierno de la Cuarta Transformación y que siguen intocados los privilegios de los Ministros y magistrados.
La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial sería independiente aún de los recortes que Morena pretenda hacer a la petición presupuestal para el 2024.
“Dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, indica la propuesta de reforma al artículo cuarto transitorio de dicha ley, aprobada en el 2021, la llamada “Ley Zaldívar”.
Sólo uno de los 14 fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, está reconocido en la Ley Orgánica del PJ.
Actualmente, detalla Reforma en su edición digital, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 6 fideicomisos, el Consejo de la Judicatura otros 6 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2 más, por lo que Morena busca disolver 13 de los 14 fideicomisos existentes.
De acuerdo a los datos que da la iniciativa de Mier, al cuarto trimestre del 2022, los 14 fideicomisos del Poder Judicial sumaban 20 mil 516 millones de pesos.
El monto de los fideicomisos del Poder Judicial representa el 26.4% del presupuesto total del Poder Judicial para el 2023, aprobado por 77 mil 544 millones de pesos, precisa la iniciativa.
La reforma al artículo cuarto transitorio, precisa Reforma, prevé la forma en que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial deberá ser regresado a la Tesorería de la Federación.
“Los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el párrafo anterior y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de un año posterior a la entrada en vigor del presente decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables”, establece la iniciativa de Mier, que se prevé sea aprobada en fast-track.
Agrega que las obligaciones derivadas de la desaparición de los fideicomisos serán atendidos con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan.
“Los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminan, deberán enterarse en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación, las que a su vez, deberán enterar la totalidad de dichos recursos a la Tesorería de la Federación al término del plazo señalado en el tercer párrafo del presente artículo”, se indica.
En la exposición de motivos, detalla Reforma, el diputado Ignacio Mier advierte que no han sido suficientes las medidas del Poder Judicial para lograr mayor austeridad en el ejercicio de su presupuesto.
“Ninguna de ellas se ha orientado a la revisión de los recursos que se encuentran dentro de los fondos y fideicomisos que maneja, de forma que estos se han constituido en un tipo de islas de privilegio, a las que no aplica ninguna medida de control, transparencia y mesura presupuestal”, critica en el texto.
Menciona en la iniciativa que el Poder Judicial ha adoptado al menos siete acuerdos internos en materia de austeridad, publicados todos en el Diario Oficial de la Federación, pero ninguno de los cuales establece disposiciones respecto a sus fideicomisos y fondos.
Acusa que en forma especial e intencionalmente ha sido “intocado” algún esfuerzo de racionalidad y austeridad en el tema de los fideicomisos.
“Por todo ello, esta iniciativa propone avanzar sustancialmente en el control de los fideicomisos públicos de este poder de la Unión.
“A efecto de que con pleno respecto a las disposiciones constitucionales y legales aplicables y sin menoscabar en lo absoluto ningún derecho salarial o laboral adquirido, que deba preservarse en los términos de lo que la ley disponga respecto a los fondos en ellos contenidos, todas las disponibilidades que existan en estos fondos y fideicomisos, se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.
Son 11 fideicomisos que, salvo uno, no existen por ley, sino que fueron creados a lo largo de los años por el propio Poder Judicial y, en varias ocasiones, se les destinaron recursos del presupuesto de egresos anual que no alcanzaron a ser ejercidos.
Si Morena concreta esta reforma legal, refiere el rotativo nacional, hay precedentes en los cuales la Suprema Corte de Justicia, de manera oficiosa, ha intervenido para ordenar la eliminación de leyes que le parecen violatorias de la autonomía judicial.
Con información de Reforma
