El exdirector superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reiteró este jueves que esta empresa brasileña hizo aportaciones ilegales a las campañas electorales de los expresidentes Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y a la candidata Keiko Fujimori, durante una audiencia virtual.
Ante una consulta del fiscal José Domingo Pérez, durante la audiencia por uno de los casos de presunta corrupción abiertos en el segundo gobierno de García, Barata respondió recuerda los aportes “a la campaña de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, y la no revocatoria de (la exalcaldesa de Lima) Susana Villarán”.
En el caso del expresidente Humala (2011-2016), precisó que el aporte fue de 3 millones de dólares, en el de Keiko Fujimori fue un millón de dólares y para la campaña contra la revocatoria de Villarán fueron otros 3 millones de dólares.
Respecto a las aportaciones a las campañas del fallecido expresidente García, Barata dijo que fueron “200 mil dólares en la primera, hace muchos años”, en 2001, y en la segunda, en 2006, en la que resultó ganador otro monto no precisado.
Explicó que parte de los pagos se hicieron a través de cuentas de bancos “offshore” y en otras ocasiones era en efectivo que le proporcionaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, responsable de estas operaciones.
Barata, quien ocupó el máximo cargo de Odebrecht en Perú entre 2001 y 2012, respondió al interrogatorio como parte del juicio oral contra el exviceministro Jorge Cuba y otros por el presunto delito de lavado de activos por las supuestas aportaciones ilegales para la construcción del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de García.
El exdirectivo también había sido citado el pasado martes para declarar en el juicio oral contra Humala por lavado de activos, pero no se presentó a la audiencia virtual, razón por la cual la sala ordenó su participación en la siguiente audiencia.
Barata dijo que, a lo largo de su permanencia en Perú, aportaron “a varias campañas políticas, para la Presidencia, congresistas y alcaldes”.
Asimismo, que las aportaciones, a través de funcionarios estatales, buscaban tener algún “tipo de ventaja en un proceso de licitación” en las condiciones de selección para que sean más exigentes y plazos más ajustados para impedir la participación de otras compañías.
