La preocupación por la salud de la depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi, encarcelada desde el golpe de Estado de 2021, aumenta en los últimos días a raíz de unas declaraciones de su hijo y de que su estado físico fuera objeto de algunas conversaciones en la recién terminada cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Suu Kyi, de 78 años y que cumple una condena de 27 años de prisión impuestos en un opaco proceso judicial tras el golpe de Estado militar de 2021, padece gingivitis, una inflamación de las encías, y requiere atención especializada.
En un comunicado de la Casa Blanca, el secretario asistente para los Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel J. Kritenbrink, reconoció que “preocupaciones sobre su tratamiento, su estatus y su salud” fueron tratadas “en varios eventos” de la cumbre de 3 días de la ASEAN que terminó el jueves en Yakarta.
Kritenbrink añadió en el comunicado emitido el jueves que en la cumbre, en la que la vicepresidenta Kamala Harris lideró la delegación estadounidense, algunos de los 18 líderes presentes hablaron también de “la inaceptable detención” que Suu Kyi, de 78 años, sufre desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021.
La preocupación se disparó por unas declaraciones de su hijo, Kim Aris, quien dijo a la cadena británica BBC que la junta está negando la atención dental que su madre requiere y que su madre ha estado vomitando y padece “mareos graves” por su salud debilitada.
En julio, fuentes cercanas a la exmandataria señalaron que la junta planeaba transferirla de la cárcel al arresto domiciliario, pero se desconoce dónde se encuentra ahora.
Suu Kyi, que llegó al poder en 2016, fue detenida el mismo día en el que los militares, liderados por el general Min Aung Hlaing, tomaron el poder en un golpe el 1 de febrero de 2021 y desde entonces solo ha sido vista una vez, mientras que la junta ha prohibido a sus abogados hablar con la prensa.
En los siguientes 2 años se enfrentó a una retahíla de acusaciones por los que fue condenada a un total de 33 años de cárcel en un proceso judicial en medio de secretismo, aunque el mes pasado le redujeron la pena a 27 años.
Los cargos por los que fue condenada incluyen la importación ilegal de “walkie-talkies”, vulnerar las leyes de la pandemia, abuso de poder por la compra de helicópteros, vulnerar la ley de secretos oficiales, fraude electoral, incitación contra las autoridades y corrupción, entre otros.
Suu Kyi, que ya pasó 15 años de arresto domiciliario bajo la anterior junta militar (1962-2011), niega todas las acusaciones y diversos países y organizaciones como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, la Unión Europea, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido su liberación inmediata.
El golpe de Estado, que puso fin a una década de transición democrática, ha sumido a Birmania (Myanmar) en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con nuevos grupos armados formados tras el levantamiento.
Según el último recuento de la Asociación para la Asistencia de los Prisioneros Políticos (AAPP), una oenegé local, 19,424 prisioneros políticos continúan detenidos y 4,047 personas han fallecido en manos de las fuerzas armadas desde la asonada.
