Panamá anunció medidas para enfrentar la crisis migratoria en el Darién, que ha llevado “al límite” las capacidades del país, entre las que está aumentar las deportaciones y mover los puntos de control a los que llegan los viajeros para reducir el impacto en las pequeñas comunidades de este flujo imparable que se mueve hacia Norteamérica.
La “primera” de estas medidas administrativas en vigor “a partir de este anuncio, es la protección a los pueblos de acogida, pues vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades de Bajo Chiquito y de Canaán Membrillo a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad”, dijo la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine.
Se van a “construir al lado de estos lugares de acogida espacios donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, (para) que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades”, los primeros pueblos que llegan los migrantes tras atravesar la selva por la que acceden desde la vecina Colombia.
Este primer paquete de medidas también incluye reforzar “las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos chárter”, según Gozaine.
Desde el pasado abril hasta la fecha, Panamá ha deportado 452 personas, un reducido grupo frente a los más de 350 mil migrantes irregulares que han cruzado la peligrosa selva fronteriza con Colombia.
“Nos gustaría que si entran 3 mil personas, deportar a 3 mil, pero eso es imposible”, declaró Gozaine.
Los funcionarios de migración podrán percatarse de las personas con antecedentes penales al tomar los datos biométricos en las estaciones migratorias del Darién, una medida que Panamá ya implementa junto con ofrecer asistencia médica y alimentaria, en una operación única en el continente en la que ha invertido en los últimos años casi 70 millones de dólares, según datos oficiales.
