Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, archivó la denuncia por presunto peculado interpuesta en 2023 por la asambleísta correísta Mireya Pazmiño en contra del entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023), por supuestas irregularidades en contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), acusaciones que fueron la base del juicio político contra el exmandatario.
Camacho aceptó el pedido que hizo la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, hace unas semanas de archivar definitivamente el caso, al considerar que no existe “elemento alguno para deducir una imputación” contra Lasso y otras 6 personas, algunos funcionarios de su Gobierno.
Entre ellas están el cuñado del expresidente, Danilo Carrera, sentenciado a 10 años de cárcel por delincuencia organizada dentro del caso denominado como Encuentro, por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario.
También está Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), vinculado a la misma causa, pero con el proceso judicial suspendido al estar detenido en Argentina.
La denuncia interpuesta por Pazmiño también buscaba que se procesara al expresidente y a las otras 6 personas por delincuencia organizada, pero la jueza señaló que las pruebas presentadas por la asambleísta para este delito ya estaban siendo investigadas en otra causa, por lo que la pretensión también fue desechada.
Según la denunciante, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado entre Flopec y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
Sin embargo, la jueza Camacho señaló que en el expediente fiscal se detalla que las actuaciones de los denunciados “estarían dentro del marco de las funciones y atribuciones que la Constitución y que las leyes les facultan”, por lo que “no se advierten elementos de convicción que puedan establecer cómo es la forma en la que, por el desempeño de dichas funciones, se apropien, distraigan, dispongan u obtengan un beneficio a favor propio o de terceros, o que se genere un detrimento al Estado”.
