La participación ciudadana en la elección del Poder Judicial ha encendido alertas en diversos sectores del país, y en particular en Colima, donde apenas 1 de cada 10 ciudadanos con credencial para votar acudió a las urnas el pasado domingo 1 de junio, expresó el presidente de Coparmex Colima, Eduardo Sánchez García.
Tras recordar que con una participación de apenas el 10% del padrón electoral, que una de las más bajas del país, calificó el proceso de fallido y se pronunció por una contrarreforma urgente que evite repetir lo que describió como “un modelo electoral opaco, confuso y deslegitimado”.
Y es que según los Cómputos Distritales Judiciales 2025 del Instituto Nacional Electoral (INE), Colima se ubicó como el sexto estado con menor participación en la elección para jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El promedio nacional apenas alcanzó el 12.92%, pero en Colima fue del 10%, muy por debajo del 23.7% registrado en Coahuila, la entidad con mayor participación.
En el Distrito Electoral Federal 01, con cabecera en la capital del estado, la participación fue del 10.72%, mientras que en el Distrito Electoral Federal 02, con sede en Manzanillo, apenas se alcanzó el 9.10%. Solo entidades como Guanajuato (6.7%), Jalisco (7.2%) y Baja California (9%) reportaron cifras menores.
Ante esos resultados, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Colima lanzó una crítica al proceso, señalando que fue diseñado desde el poder político con fines de control y sin legitimidad ciudadana real.
“La gente no sabía qué se estaba votando, no entendía el proceso, y quienes sí acudieron a las urnas lo encontraron complejo, lleno de irregularidades: ‘acordeones’, movilización de votantes, coacción del voto, uso de recursos por parte de grupos políticos. No podemos llamar a eso una elección democrática”, expresó Sánchez García.
El líder empresarial subrayó que ese modelo electoral “no debe repetirse nunca más en México” y exigió que se comience ya a trabajar en una contrarreforma que revierta los errores del proceso. “No podemos permitir que por la voluntad de unos cuantos se altere la estructura de nuestra Constitución bajo el disfraz de un mandato popular que nunca existió”, enfatizó.
Un proceso sin legitimidad
Sánchez García recordó que más del 88% de las y los mexicanos con posibilidad de votar no participaron, lo cual -dijo- deslegitima totalmente los resultados. También cuestionó el argumento de respaldo popular que usaron Morena y sus aliados para justificar la reforma judicial que dio pie a la inédita elección.
“¿Dónde quedó esa mayoría que decían tener? Este resultado no solo compromete la legitimidad del Poder Judicial, sino que genera aún más incertidumbre en sectores clave como la inversión extranjera y las relaciones comerciales”, añadió.
Para muchos ciudadanos, el proceso pasó desapercibido o fue deliberadamente opaco. La falta de información clara, la complejidad del mecanismo de votación y el uso político de estructuras clientelares se combinaron para generar un escenario que, lejos de fortalecer la democracia, pone en entredicho la imparcialidad del sistema judicial.
Aunque el INE concluyó el cómputo con el 99.82% de las actas procesadas, la cifra de participación ciudadana plantea más preguntas que respuestas sobre el futuro del Poder Judicial y la salud democrática del país.
