Trabajadores de la Aduana del Puerto de Manzanillo, quienes fueron dados de baja de sus funciones luego de manifestarse por presunto hostigamiento laboral, siguen a la espera de una respuesta por parte de las autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
“Nosotros estamos a la espera de que autoridades de la ANAM nos hagan caso, nos citen para poder platicar con ellos. Hemos tratado de acercarnos a Recursos Humanos de México, con el director general para explicarles la problemática; el día 13 de mayo le enviamos un correo, un pliego petitorio que él mismo nos solicitó, el director general de Operación y el de Recursos Humanos nos lo pidieron, pero al día de hoy no hemos recibido respuesta de ellos”, refirió Omar Chávez, quien era subdirector de Informática y Contabilidad de la Aduana de Manzanillo.
Mencionó que han intentado regresar a su centro de trabajo, pero ya no pueden ingresar.
Omar Chávez pidió al área de Recursos Humanos y a la Dirección General de Operación de la Agencia Nacional de Aduanas de México les atienda, “porque somos servidores públicos y lo que estamos buscando es el respeto al derecho laboral, no tenemos un sindicato y queremos seguir aportando a la institución”.
Cabe recordar que de las 170 trabajadoras y trabajadores que protestaron el pasado 12 de mayo por una “mala gestión” y administración del actual titular de la Aduana de Manzanillo, Rodolfo Torres Chávez, a 48 personas ya no se les permitió el ingreso a su centro de trabajo.
“Tenemos miedo, nuestro objetivo es trabajar, tenemos miedo que existan las represalias con acciones legales, pues al parecer lo que se busca es acallarnos, no respetar el derecho laboral que viene en la Constitución, que al día de hoy parece que ya no está vigente, queremos de favor que nos atiendan, nos apoyen para que podamos terminar nuestro proceso en esa institución”, expresó.
Finalmente, comentó que el puerto está operando a medias y se siguen registrando pérdidas económicas, pues dijo, al día de hoy hay un rezago en las citas para cargar en el recinto fiscalizado, de 5 a 6 días, “es decir, si un recinto estaba operando 1,300 citas, ahora están con 6,500 citas atoradas.
