Diputadas y alcaldes del PAN y del PRI en Nuevo León denunciaron en la Cámara de Diputados ser víctimas de “terrorismo político” por parte del gobernador de la entidad, el emecista Samuel García.
Según publica Reforma en su edición digital, en conferencia conjunta, dieron su testimonio y exigieron al mandatario estatal cesar las amenazas y el acoso en su contra y dejar de utilizar el aparato del Gobierno local para atacar a quien considera sus adversarios políticos.
La diputada del PAN, Myrna Grimaldo, acusó que desde el mes de mayo ha sido acosada por el Gobierno local.
Dijo que le fue clausurado un despacho que abrió hace 20 años y la semana pasada fueron colocados, sin justificación alguna, reductores de agua en la casa de sus padres, además de que familiares fueron despedidos de cargos que tenían en empresas privadas, luego de que los dueños de éstas fueron amenazados.
La legisladora recordó que, como resultado del acoso de la Administración local, Movimiento Ciudadano pasó de 5 diputados de representación proporcional a 11 legisladores en el Congreso local.
“Todos hemos sufrido este terrorismo político de una u otra manera: clausura de negocios, intimidación a familias, amigos, incluso un diputado tuvo que renunciar por presiones, porque no pudo más y tuvo temas de carácter de salud”, señaló.
La panista Cecilia Robledo afirmó que ha sido víctima de violencia política en razón de género, ya que la bancada naranja en el Congreso local la ha desconocido como diputada y le han negado el acceso a su curul.
Denunció que en su lugar pretende colocar al ex subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Flores, quien obtuvo la mitad de votos que ella. Para ello, agregó, buscan saltarse a otras 5 mujeres que se encuentran en la lista y que obtuvieron más votos que él.
La priista Perla Villarreal, precisó Reforma, acusó a García de utilizar las instituciones del Estado para amedrentarla mediante el cierre de los negocios de su familia y amigos. Sostuvo que incluso ha llegado al extremo de clausurar negocios de desconocidos sólo por llevar su apellido.
Informó que, ante ello, recibió una orden de protección para ella y para su familia, pero el gobernador solicitó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su suspensión, la cual fue concedida. No obstante, confió en que cuando el Máximo tribunal conozca de fondo el caso, le dará la razón.
Señaló que no pasaron ni 24 horas de la suspensión cuando volvieron a acosar los negocios de su familia, utilizando a la fuerza pública para privar de la libertad al esposo de su madre y a amigos que se negaban a salirse de su negocio.
“Al empezar los ataques busqué al gobernador directamente y a su secretario particular para poder dialogar, sumar y construir, y es fecha que no ha querido darme la cara”, expresó.
Reforma publicó este martes que detrás de la estrategia de la Administración de Samuel García para arrebatar, vía presiones al PRI y al PAN el control del Congreso local, está Miguel Ángel Flores Serna, Mike, titular de la Oficina Ejecutiva del gobernador, según diputados de Oposición.
Lorena de la Garza, quien acusó a Samuel García de acosarla desde el mes de noviembre del año pasado, lamentó que a pesar de que Nuevo León vive una crisis de movilidad y por falta de agua, el gobernador decida utilizar las instituciones del Gobierno local para atacar a la Oposición.
Con la voz entrecortada, dijo que hoy decidió romper el silencio porque éste le ha permitido a Samuel García seguir infringiendo la ley y utilizar el aparato del estado en su contra.
“Ya no más gobernador Samuel García, ya basta de violencia, basta de acosadores en el poder. Esta Legislatura avaló la Ley 3de3 en contra de los abusadores en el poder; Samuel García es un abusador en el poder y esto tiene que parar, por eso venimos a este Congreso”, dijo.
Según refiere Reforma, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, señaló que son los Gobiernos municipales los que se han hecho cargo de rubros como agua, infraestructura escolar y transporte.
Sostuvo que, si bien sabían que vendrían ataques por parte de García cuando le reprocharan lo anterior, el “terrorismo político” emprendido por el Gobernador ha rebasado cualquier expectativa.
“Hoy por hoy, como un buen Nerón, quemándose el pueblo, él tocando un violín, está vendiendo a todo México que en Nuevo León ya no hay crisis de agua, que puso dos presas, que hay como 25 líneas del metro y que las escuelas se viven como si fueran colegios privados, no hay peor mentira”, afirmó.
La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, lanzó un “ya basta” y demandó al gobernador respetar el Estado de derecho y la división de poderes, a fin de que existan las condiciones para la coordinación entre el Gobierno local y los municipios, sobre todo los gobernados por la Oposición.
Legisladoras y alcaldes acusaron que actualmente hay 130 decretos aprobados por el Congreso que García se ha negado a publicar, que mantiene vetadas 200 iniciativas de ley, además de que busca tener mayoría en el Congreso local para que éste le autorice la licencia para poder competir por la candidatura de su partido a la Presidencia de la República.
Con información de Reforma
